“Exigirle a un miembro de Junta que tiene que votar según lo dispone el Despacho Ministerial, porque este fue quien lo nombró, es un irrespeto a la integridad moral y profesional de esa persona, amén de que contradice abiertamente criterios en contrario emitidos por la Procuraduría General de la República, respecto a su independencia de criterio, hecho que como muestra de dignidad y auto respeto, provocó la renuncia inmediata de dicha persona su cargo en la Junta. Disentir no se permite y se castiga”.
Esas palabras constan en la carta con la que, la semana anterior, Jaime Weisleder Weisleder presentó su renuncia a la junta directiva del Registro Nacional, donde ocupaba una silla como representante del Instituto Costarricense de Derecho Notarial. Él ha estado ligado a esa institución por más de 30 años.
Weisleder se refiere en ese texto a las aparentes presiones recibidas por su compañero de junta, el notario Andre Vargas Siberio, quien fue el primero en presentar su renuncia. También renunciaron la suplente Andreína Vincenzi y el representante del Colegio de Abogados, Marco Antonio Jiménez Carmiol.
“Es un hecho claro para los miembros de Junta que en la misma se han establecido dos bandos, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con el ejercicio de la función notarial ante y en el Registro Nacional. Un bando integrado por tres miembros al que se suma la Directora General y el otro por cuatro miembros que representamos y respaldamos una mayor y amplia colaboración del Registro para con los notarios públicos y los ingenieros topógrafos”, dice la carta enviada a la ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, pues el Registro Nacional pertenece a ese Ministerio.
Weislder le escribió a la ministra que en las votaciones de la Junta se emplean “tácticas dilatorias” para evadir acogerse al criterio de la mayoría.
En entrevista con UNIVERSIDAD, el notario expresó que las discrepancias se relacionan con limitaciones impuestas por la dirección del Registro a las oficinas del Colegio de Abogados y de Topógrafos que se ubican en ese edificio, en Zapote.
“Si usted en su computadora entra al Registro y pide un informe registral, se lo dan y lo imprimen gratis. La Dirección del Registro Nacional prohibió que en las instalaciones de esas oficinas se imprimieran esos informes, que son gratuitos para todo el mundo, diciendo que tenían que pagar, y eso no se vale. Nosotros hemos venido dando la pelea porque eso es ilegal”, manifestó.
Weisleder cuestionó que la ministra González acogiera la posición de la directora del Registro, Fabiola Varela.
“Lo que quiero es enviarle un mensaje a la ministra, diciéndole que recapacite en su posición, que piense bien, que piense en el Registro, porque todo esto es consecuencia de una posición muy radical de parte de ella. Ella debió funcionar como juez y no como parte, como se convirtió ella”, agregó.
Similar criterio expuso ante este medio el directivo Marco Antonio Jiménez Carmiol, quien aseguró que “se conversó” mucho del tema antes de que él y sus compañeros renunciaran.
El notario Andre Vargas confirmó que hubo presiones hacia la forma en que él debía votar, aunque dijo que no podía achacarlas solamente a la ministra de Justicia.
Agregó que sus argumentos de fondo se encuentran en el acta de la sesión de ese día, la cual estará disponible una vez que se encuentre en firme.
Por su parte, la ministra González solo se refirió a este asunto en un escueto mensaje en el que indicó: “Respetamos las razones esgrimidas para la renuncia. Garantizamos que el Registro Nacional continuará su labor transparente y eficiente en pro de la ciudadanía”.
Ante consulta de este medio sobre el fondo de las discrepancias, la oficina de prensa del Ministerio comunicó: “El Registro Nacional ofrece sus servicios a gremios profesionales y a usuarios sin distinción, por lo que está en la obligación de tratarlos a todos en igualdad de condiciones, manteniendo la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios.
“En el 2019 se conocieron consultas de gremios relativos a servicios, situación que provocó que la Junta Administrativa del Registro Nacional solicitara criterios legales y financieros para tomar una decisión amparada en la legalidad. Estos generaron discrepancias entre los miembros de la Junta que serán resueltas a partir de la semana entrante cuando se vuelva a contar con el cuórum para sesionar”.
