La Sala IV ordenó a los diputados de la Asamblea Legislativa legalizar las uniones de hecho y el matrimonio entre parejas del mismo sexo en un plazo de 18 meses, de lo contrario, acatará en automático la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un fallo inusual, la Sala declaró inconstitucional los artículos 242 y artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, así como el artículo 4 inciso m) de la Ley de la Persona Joven tras una votación de seis a uno, sin embargo, mantendrá vigentes estas normas por 18 meses.
El tribunal declaró con lugar las acciones de Marco Castillo, Jazmín Elizondo y Lalay Flórez-Estrada, sin embargo, justificó el traslado a la Asamblea Legislativa, con una especie de “ultimátum”.
Los magistrados Fernando Cruz y Nancy Hernández no estuvieron de acuerdo con mantener vigente una ley que recién fue declarada inconstitucional, y se adhirieron al criterio de los jueces Paul Rueda y Martha Esquivel de establecer un plazo de 18 meses. Por su parte, Luis Fernando Salazar consideró que no era necesario fijarle un tiempo determinado al Congreso.
“Corresponde anular de inmediato el impedimento contenido en el inciso 6 artículo 14 del Código de Familia y debe entenderse, que las parejas del mismo sexo tienen a partir de este momento un derecho de acceso -en igualdad de consideraciones- a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales así como a igual protección de la ley, todo de conformidad con lo establecido en la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dispuesto en los artículos 28, 33 y 48 de la Constitución Política”, se lee en la argumentación de Hernández y Cruz.
Por su parte, el magistrado Fernando Castillo fue el único juez que falló en contra de las acciones, es decir, no encontró inconstitucionalidades en las normas reclamadas. En el caso de las uniones de hecho, la magistrada Nancy Hernández se inhibió de participar en la votación, y en su lugar fue sustituida por el suplente Jorge Araya.
“En palabras claras, lo que está diciendo la Sala Constitucional es que el parlamento tiene 18 meses o asumir una determinada figura por un periodo transitorio”, comentó Castillo.
Castillo justificó la decisión alegando que también se busca evitar “graves dislocaciones” y “alteraciones de la paz social”.
La votación y redacción del fallo inició desde las 9 a.m. y se prolongó hasta las 10:30 p.m.
En enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica y a los países afiliados, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, situación que marcó un punto de inflexión en la campaña presidencial, catapultando la propuesta del candidato conservador Fabricio Alvarado, quien consiguió colocar 14 diputados de la agrupación evangélica Restauración Nacional en la Asamblea Legislativa.
Ahora le corresponderá a los diputados la creación de un marco legal que regule el matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Actualmente, el Congreso está dominado por una mayoría conservadora, conformada por un bloque de legisladores de los partidos Restauración Nacional, Liberación Nacional, Republicano Social Cristiano, Integración Nacional. y la Unidad Social Cristiana.
Al respecto, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana ya anunció que su alternativa será apoyar el proyecto recién anunciado para regular las uniones civiles, pues la figura del matrimonio la conciben únicamente entre hombre y mujer.
Tras el fallo, el diputado abiertamente homosexual y activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Enrique Sánchez, afirmó que los magistrados “no estuvieron a la altura de la tradición costarricense en materia de derechos humanos”. “Era un asunto de valentía, pero no estuvieron a la altura”, dijo el legislador Sánchez.
La activista Margarita Salas considera grave e injustificada la respuesta de la Sala.
“La Sala Constitucional tiene el papel de vigilar que no haya una violación a los derechos humanos, y lo que nos acaba de decir es: “sí, hay violación de derechos humanos y van a continuar violándose por, al menos, 18 meses más”, dijo Salas.
“No encuentro quién, que se oponga al matrimonio igualitario, estaría contento de saber que -de todos modos- en 18 meses va a entrar en vigencia. ¿Se violan nuestros derechos para proteger qué bien? Solo es para proteger el capital político de los magistrados que están preocupados por su reelección”, agregó.
Nina Sanz, presidenta de la Asociación de Famiias Homoparentales de Costa Rica sostuvo que hay influencias religiosas y políticas entre los magistrados.
“Un verdadero juez deja de lado los prejuicios, deja de lado la homofobia y resuelve conforme a la ley. (…) Es un sinsentido, un absurdo. Un plazo innecesario”, afirmó.
Colaboró el periodista Daniel Salazar.
