Los magistrados de la Sala Constitucional encontraron vicios de procedimiento en la aprobación de la ley que reactivaba la pesca de arrastre, proyecto que fue aprobado por los diputados de la legislatura anterior, en primer debate, el pasado 20 de marzo.
De acuerdo con los jueces, en el trámite legislativo los diputados discutieron el proyecto sin sustento en estudios técnicos ni evidencia científica que les respaldara, esto a pesar de las advertencia que la misma Sala emitió, así como otras instituciones.
La Sala resaltó la necesidad de que existan estudios idóneos para determinar que el proyecto cumpla con “una reducción significativa de la captura incidental en la pesquería de arrastre que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.
Este criterio fue el mayoritario al contar con el respaldo de cinco de los siete magistrados de la Sala Constitucional. Nancy Hernández y Fernando Castillo salvaron el voto, tras alegar que sí existen estudios técnicos y científicos que permitan la pesca de arrastre, tanto anteriores como posteriores.
A finales de noviembre pasado, la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura aprobó el establecimiento de nuevas licencias para “la pesca sostenible de camarón”, a pesar de que el mismo voto constitucional establecía que este tipo de procedimientos sólo podían realizarse a través de una “correspondiente reforma legal”.
Para ese momento, el Gobierno de Luis Guillermo Solís publicó en su sitio oficial un comunicado en el que citó 25 “mejoras regulatorias” que, supuestamente, cumplían con las exigencias de la Sala Constitucional, aunque omitió la necesidad establecida por ese organismo de una “reforma legal” correspondiente.
En esta línea, se limitó a señalar que se acataron los criterios constitucionales, a través de “la obligación de utilizar dispositivos para reducir la captura incidental” y la demostración “con estudios científico-técnicos” de la reducción respectiva.
El voto de la Sala concuerda con la visión del actual jerarca de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez quien afirmó que no hay posibilidad de llegar a una pesca de arrastre sostenible.
El proyecto se aprobó en primer debate en el Congreso luego de que un grupo de pescadores hiciera presión ante los diputados, usando como uno de sus argumentos principales la falta de oportunidades de empleo en las zonas costeras.
