“No estamos con el agua al cuello”, así se refiere el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, a los resultados de las más recientes valuaciones actuariales del seguro de salud y de pensiones.
El informe actuarial dado a conocer por UNIVERSIDAD la semana pasada, reveló que los ingresos para cubrir el seguro de salud no serán suficientes más allá del 2027; mientras que el de pensiones agotará su reserva en el 2027.
Pese a que el panorama es desalentador, el jerarca de la Caja es positivo y asegura que aún hay tiempo para tomar decisiones y reformar ambos seguros.
“Ambos apuntan a la necesidad de acciones que vamos a tomar. Específicamente en el de pensiones, a un diálogo social que se dará en el 2020 sobre cómo darle mayor sostenibilidad al sistema de pensiones. Pero hay tiempo. No estamos con el agua al cuello. Hay tiempo para ver estas discusiones. La idea de hacerlas pronto es que entre más pronto las hacemos, mayor puede ser la transición hacia las reformas y menos drásticas tienen que ser”, apuntó.
En el caso del estudio actuarial del seguro de Salud, Macaya externó que este es “sumamente conservador” pues no incluye la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“El estudio que acabamos de completar está basado en tendencias históricas hasta diciembre del 2017. Esas curvas, cuando se proyectan a futuro con lo que existía a diciembre del 2017, no contemplan lo que estamos haciendo para mayor eficiencia en el sistema. No contemplan la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en lo que es la totalidad del crecimiento de gasto en salarios, en los costos unitarios de una hospitalización, de un procedimiento, de una consulta externa. Hay un punto de inflexión después de diciembre del 2018, un año después del año en el que concluye este estudio”, aseguró.
“Si este estudio se vuelve a hacer en un par de años, va a ser muy diferente porque ya tendremos costos directos, habrá pasado el punto de inflexión de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento y eso le dará otro panorama a ese estudio actuarial”, agregó.
¿Qué dicen los estudios actuariales?
El estudio actuarial del seguro de Salud muestra que existe una mayor tasa de crecimiento en el gasto con respecto al ingreso, lo que desemboca en un balance negativo de -0.05 dentro de ocho años.
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Para el 2027, la Caja proyecta un gasto de ¢4.749.331 millones, un ingreso reglamentario de ¢4.914.841 millones (lo que debería percibir la entidad si todos pagaran las cuotas correspondientes) y un balance reglamentario de ¢165.511 millones, hasta ahí el panorama se ve positivo.
Sin embargo, en la práctica, las estimaciones realizadas en 2017 señalan que los ingresos efectivos serían de ¢4.697.444 millones, lo que representaría un balance efectivo de -¢51.887 millones. Esta situación es provocada por la morosidad.
Otro hallazgo importante de este estudio es que, si se contrastan las primas que paga el sector asalariado para el seguro de salud con el gasto que realiza la CCSS para atender a esos asegurados y sus familias, esas erogaciones se podrían cubrir con la mitad de la cuota que se paga actualmente.
En otras palabras, mientras hoy los asalariados aportan una cuota del 15% para este seguro, su gasto se podría cubrir con un pago equivalente al 7,11% del salario.
Asimismo, este grupo cubre el déficit del Estado en sus aportes a los seguros voluntarios, del Estado y los pensionados.
En cuanto al seguro de pensiones, la valuación actuarial más reciente, señaló que el “cociente de reserva” (gastos anuales que se tienen en reserva) presenta un comportamiento decreciente, de su valor actual de 1,95 en el 2019 a 0,05 en el 2037. Después de ese año se agotará la reserva y el Régimen no podría hacerle frente al pago de beneficios.
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Asimismo, la institución tendrá que utilizar intereses de las inversiones para hacer frente al pago de beneficios a partir del año 2021. La utilización de estos intereses se extenderá hasta el año 2030 y posterior a ese año será necesario el uso de la reserva para cumplir con las obligaciones.
El estudio señala también que la proyección demográfica golpeará al IVM, pues la población de pensionados crece, aún en el corto plazo, en forma más acelerada que la población de afiliados al IVM. De esta manera, la “razón de soporte” (cantidad de afiliados por pensionados) decrecerá de 6,9 afiliados por pensionado en el 2018 a 4,4 afiliados por pensionado en el 2030 (y posteriormente a 1,5 en el 2080).
El estudio, aunque omite dar recomendaciones, plantea varios escenarios que podrían aplicarse con el objetivo de balancear el IVM y así mejorar su estado. Tales como el incremento en las cuotas y en las edades de retiro.
