La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá el próximos 5 de marzo a representantes de los sindicatos judiciales de Costa Rica, en Puerto Príncipe, Haití, en una audiencia para explicar la situación de resquebrajamiento de la independencia del Poder Judicial, como un instrumento de protección de los derechos de todos los usuarios.
Esta audiencia es producto de una solicitud realizado ante la CIDH, a través del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y en representación de organizaciones civiles y laborales del Poder Judicial.
En la misiva enviada a la Comisión, los representantes del Poder Judicial aseguran que la independencia judicial está en juego, sobre todo por presiones externas e injerencias desde otros poderes políticos, que afectan su gobierno judicial autónomo y varios componentes de naturaleza económica, con implicaciones en los derechos sociales de los trabajadores activos, así como de los jubilados y personas pensionadas.
Señalan que, ante la falta de consulta de todos los sectores judiciales, el personal del Poder Judicial ha pasado a ser gobernado por el Poder Ejecutivo, pues se le ha metido dentro del mismo saco de la rectoría que éste realiza sobre los servidores estatales, debido a que se han aprobado métricas generales.
Adicionalmente, dicta el documento, se han adoptado disposiciones legislativas, cuya conformidad con las reglas constitucionales de formación de leyes es dudosa, que han eliminado la posibilidad del Poder Judicial para tomar decisiones en materia salarial y prestacional respecto de su propio personal, pero también respecto de sus políticas y programas.
De acuerdo con Víctor Manuel Rodríguez Rescia, presidente del IIRESODH lo que harán será plantear el estado estructural de la independencia judicial del país, en la que defenderán, no a la Corte Suprema de Justicia en sí misma, sino a todo el Poder Judicial como un espacio de protección de los derechos de las personas en general.
“Creo que hay una visión equívoca de la importancia de la independencia judicial. Es esencial que el aparataje judicial, es decir todo el sistema, tenga la garantía de ser un estado de derecho y de independencia para que las decisiones que se tomen cuenten con seguridad jurídica; pero lo cierto es que se ha venido experimentando un debilitamiento estructural y una campaña en medios de comunicación, generando ataques personales contra magistrados o funcionarios del Poder Judicial”, explicó Rodríguez.
Otro de los argumentos que marcan en su solicitud a la CIDH es que se han realizado modificaciones invasivas que trastocan el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial, elevando la edad de jubilación, el tiempo de servicio y el porcentaje de contribución salarial, al mismo tiempo que se crearon nuevas deducciones que gravan los montos jubilatorios y se redujo la tasa de reemplazo, afectando directamente el derecho a la seguridad social y la independencia judicial.
Rodríguez enfatizó en que plantearán las acciones que han tomado los otros Poderes de la República (Ejecutivo y Legislativo) al imponer el ajuste del Poder Judicial a la regla fiscal, los intentos de intervención en la forma en que se invierte el presupuesto y la auto gobernanza.
“Si el Poder Judicial dice que no aplicará la regla fiscal, no le aprueban el presupuesto extraordinario, el Ejecutivo le envía misivas en las que le dice que no puede abrir ni una sola plaza, y claro que hay que ser austeros, pero no se le puede imponer cómo gastar sus recursos, porque desde ahí comienza el debilitamiento de la independencia”, añadió el presidente del Instituto.
A simple vista, dijo Rodríguez, el tema de la autonomía del Poder Judicial pareciera ser un tema de derechos adquiridos, sin embargo, históricamente la independencia de este sistema ha sido vital para contar con jueces que puedan dictar sentencias sin temor o sin ver amenazada su seguridad laboral o estabilidad salarial.
¿Qué esperan de la audiencia?
En la audiencia pedirán al ente internacional que se cree una comisión de supervisión, la cual daría seguimiento a este tema, pues está claro que muchos de los proyectos de ley que han modificado las condiciones de los funcionarios judiciales (y del resto de empleados públicos) no fueron consultados al Poder Judicial.
Un ejemplo de este accionar fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hay propuestas para recortar los períodos de nombramiento de los magistrados, para desviar dineros del fondo de jubilaciones para crear un impuesto solidario, se redujeron los montos de las pensiones y se establecieron nuevos gravámenes.
También solicitarán una visita al país, se analice la situación y se presente un informe para darle seguimiento. Y en esta audiencia es probable que autoridades del gobierno de Costa Rica se hagan presentes para responder por los temas denunciados.
“El Legislativo cree que puede hacer lo que quiera, que por ser un Poder de la República no tienen control internacional, y no han sabido desarrollar una cultura de aplicación de tratados y obligaciones internacionales. Se ha dado un linchamiento mediático contra el Poder Judicial y sus empleados, aduciendo que todos deben comprometerse con la crisis fiscal, pero todas esas medidas no generaron el impacto esperado y se dio una regresión de derechos y situaciones consolidadas”, añadió Rodríguez.
En busca de instancia imparcial
Por su parte, Jorge Morales del Sindicato de Jueces comentó que tienen interés de llevar el tema a una instancia en la que no exista el ruido interno del país, pues desde su perspectiva los medios han hecho eco de una campaña de desprestigio a la institucionalidad judicial, ligado con pretensiones políticas.
“En Costa Rica no contamos actualmente con una instancia netamente técnica, pues se vinculan los intereses jurídicos con los políticos, de ahí que buscamos una instancia más depurada, donde prevalezcan precisamente los criterios técnicos, de respeto a los derechos humanos fundamentales”, señaló Morales.
El representante sindical indicó que en estos momentos se han establecido una gama de planteamientos en los que los funcionarios judiciales han sido atacados sistemáticamente por normativas, como la reforma al capítulo de pensiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que inicialmente se veía con buenos ojos, pero que se convirtió en una seria afectación a las condiciones de jubilación de este sector laboral.
“Se siguió un discurso de cúpula privilegiada y de algunos errores de magistratura en que la población no distingue, ni se le hace la aclaración que una cosa es la cúpula política (elegida por los diputados) y otra cosa es el grueso de los trabajadores judiciales, quienes han visto afectadas sus condiciones laborales adquiridas y de jubilación. Es preciso aclarar que los funcionarios del Poder Judicial cotizan un 13,5% de su salario para su pensión, mientras que el resto de la población 3,8%”, añadió.
