El viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), José Joaquín Salazar Rojas, renunció a su cargo este jueves, tras ser cuestionarse la legalidad de su nombramiento, luego de que el funcionario y exdiputado se acogiera en 2012 a la movilidad laboral en el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
La movilidad laboral voluntaria le permite a los funcionarios, bajo ciertos requisitos, renunciar a su puesto y recibir incentivos económicos particulares; pero según la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, cualquier funcionario que se acoja a la movilidad laboral voluntaria no puede volver a un puesto de administración pública siete años después de su renuncia.
El cuestionamiento contra el exviceministro surgió tras la investigación del diputado liberacionista Rolando González, quien el miércoles expuso la situación de Salazar ante la Asamblea Legislativa.
El exviceministro afirmó en una carta enviada al presidente Luis Guillermo Solís que se “habían despejado las dudas” sobre su designación en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) del 30 de abril del 2014, que permitía a funcionarios que se acogieron a la movilidad laboral voluntaria volver a trabajar en el sector público solo cuando fueran cargos de elección popular o ministros de Gobierno.
Sin embargo, la misma PGR aclaró el 10 de julio del 2015 que la prohibición de siete años también aplicaba para quienes aspiraran a ser viceministros.
“Debido a los últimos días y con tal de no causar perjuicio ni distracción al Gobierno, he decidido presentarle mi renuncia a partir de hoy”, dijo Salazar en la carta.
El presidente Solís declaró que “José Joaquín se ha entregado con alma vida y corazón al cargo, trabajando a favor de las y los productores, con el único interés de favorecer al sector agropecuario y mejorar la gestión administrativa del Ministerio”.
