El proyecto de reforma fiscal superó la revisión de la Sala Constitucional, un obstáculo que ya había frustrado las iniciativas de reformas tributarias impulsadas en los gobiernos de Laura Chinchilla (2010-2014) y Abel Pacheco (2002-2006). En un pronunciamiento muy esperado por sus impulsores y por sus detractores, los magistrados constitucionales anunciaron este viernes que no encontraban vicios que atenten contra el futuro del proyecto.
El anuncio lo hizo la misma Sala Constitucional luego de revisar una serie de consultas presentadas por distintos diputados entre el 19 y 25 de octubre. En ellas se solicitaba evaluar la constitucionalidad de varios artículos contenidos en el proyecto de plan fiscal. Tras 12 horas de deliberación los magistrados de la Sala no encontraron irregularidades en las normas consultadas, como sí los hicieron en 2012 y 2006.
Además, los magistrados consideraron que el proyecto no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial y señalaron que este mantiene sus competencias propias, en relación con los puntos consultados. Este criterio revierte de gran importancia, ya que esto permite a los diputados aprobar el plan fiscal en segundo debate con tan solo 29 votos, cuando en un inicio se creía que el número necesario era de 38 diputados a favor.
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Solo un vicio de forma podía sepultar el proyecto y la Sala determinó que las objeciones de procedimiento presentadas por diputados de Restauración Nacional, Frente Amplio, Integración Nacional e independientes no podían estudiarse, ya que esta última consulta entró de manera tardía, además, repetía firmas de las consultas previas.
“La tercera consulta se declara inevacuable, no cuenta con las diez firmas. Seis de los firmantes repitieron sus firmas, en consecuencia solo quedaron cuatro firmas. Además, la consulta fue presentada de forma tardía, se presentó después de recibido el expediente legislativo”, explicó Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.
La Sala IV estuvo integrada por Castillo, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Martha Esquivel, Hubert Fernández, Paul Rueda y Nancy Hernández.
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El proyecto contiene la sustitución el Impuesto General de Ventas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), reforma el Impuesto Sobre la Renta y propone una amnistía tributaria, una regla fiscal y 13 reformas al empleo público, entre otras medidas para atender el creciente déficit fiscal, estimado para este año en 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB). La reforma tendría actualmente un rendimiento cercano al 1,29% del PIB, según los cálculos de Hacienda.
