Reducir en ₵190 mil millones el presupuesto ordinario del 2021 del Ministerio de Educación Pública (MEP) amenaza la continuidad del servicio educativo 2021, así lo señaló la institución a través de un comunicado de prensa.
Ls rebaja fue solicitada por los diputados de la Asamblea Legislativa, y según el MEP, tendría grandes afectaciones en el programa relacionado con la Tecnología a la educación, donde las reducciones solicitadas, no solo afectarían las funciones básicas del Ministerio, sino que la rebaja a la Fundación Omar Dengo dejaría sin conectividad de internet a 721.947 estudiantes en 2.120 centros educativos que están incluidos en la Red Educativa del Bicentenario, cuyo contrato está en proceso de adjudicación.
“Dichos rebajos se están solicitando precisamente en tiempos donde es mandatorio utilizar nuevos modelos educativos desde una propuesta bimodal donde convivan la presencialidad y la virtualidad”, expresó la Ministra de Educación, Giselle Cruz, quien considera que es necesario que se realice un análisis del contexto para pedir recortes.
Cruz aseguró también que se está pidiendo la eliminación de recursos para la Plataforma Ministerial SABER que tiene como objetivo integrar los sistemas de información con nuevas tecnologías, para fortalecer la gestión administrativa y digitalizar la gestión educativa. Esta herramienta, según el MEP, promueve un espacio para la participación activa de la comunidad educativa, mediante la virtualidad y conectividad.
Ante esta posible reducción, los colegios técnicos tampoco podrían comprar simuladores para la enseñanza en línea, simuladores de enseñanza industrial, simuladores para la enseñanza de labores agropecuarias y equipo de simulación del proceso de control de máquinas de control numérico computarizado de acuerdo con los nuevos programas de estudio.
“¿Cómo vamos a implementar los nuevos programas de estudios técnicos sin recursos para adquirir los equipos?”, cuestionó la ministra.
El recorte también afectaría el programa relacionado con la gestión y evaluación de la calidad, al cual se le eliminarían recursos para la planificación, elaboración e implementación de las pruebas nacionales en actividades como la construcción y calificación de ítems para las pruebas nacionales como FARO y gestión para las internacionales como PISA.
El MEP informó que la idea de los diputados tendría repercusiones en los Programas de Equidad pues se limita la movilidad de los estudiantes, lo que implicaría que algunos no pudiesen regresar a la presencialidad.
Además, más de ¢6 mil millones no se podrían transferir a las juntas de educación y administrativas, situación que impacta los pagos de servicios básicos (agua, luz, mantenimiento, chapias, etc.) en los 4.500 centros educativos.
“Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la exclusión, cómo vamos a seguir diciendo que nuestro objetivo es que nadie se quede atrás, si les quitamos a las personas estudiantes opciones para llegar a los centros educativos y permanecer en ellos en condiciones adecuadas?”, externó la jerarca.
La rebaja de ¢8.847 millones para la reducción de las 2.000 cocineras implicaría también una afectación en la continuidad y sostenibilidad de más 1.000 comedores estudiantiles, y directamente 200 mil personas estudiantes.
La situación se genera, según el MEP, debido a que se recorta en la subpartida del presupuesto pero no se repone el monto en las transferencias a las juntas de educación y administrativa, quienes no tendrían la posibilidad de contratar a estas cocineras.
A las afectaciones se suma el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) Uladislao Gámez Solano, quien no podría evaluar a los docentes mediante la Estrategia de Evaluación para la Mejora de la Calidad Educativa; y el programa de Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo, en el cual se frenaría el desarrollo de la infraestructura educativa y la atención de órdenes sanitarias, así como la compra de equipo (pupitres, etc.) dentro de los 4.500 centros educativos y la consecuente afectación a las personas estudiantes.
Finalmente, el rebajo a las partidas de servicios generales, imposibilitaría la contratación de los servicios de seguridad, limpieza, fumigación, etc.
“Estamos de acuerdo con la contención y reducción del gasto, pero solicito respetuosamente a los señoras y señores y diputados que revisen los recortes propuestos mediante mociones hasta ahora, porque afectarían a profundidad el servicio educativo y, con ello, a más del millón de estudiantes que tenemos a cargo”, finalizó la ministra.
