Una serie de medidas de contención acordadas por los miembros de Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) afecta las condiciones laborales de varios funcionarios, lo que podría generarle a la entidad una serie de demandas y costos elevados.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el Regulador General, Roberto Jiménez, quien el pasado 29 de setiembre votó negativamente un acuerdo tomado por la mayoría de la Junta Directiva de ARESEP, debido a que ya había presentado una propuesta que reducía en un 23,5% el canon general y en un 15% las erogaciones de la institución.
“La propuesta de disminución del gasto que plantee era elevada, basada en fundamentos técnicos y con participación de diversas áreas; pero los miembros de Junta Directiva establecieron ajustes que afectan los derechos laborales una serie de trabajadores, por ejemplo, un director o un asesor técnico bajaría su categoría a profesional, con la propia afectación salarial. Votamos en contra porque tenía vicios de ilegalidad”, señaló Roberto Jiménez.
El acuerdo #06-81-2020 fue aprobado por mayoría de tres votos a uno, votaron a favor Sonia Muñoz Tuk, Ana Lorena León Marenco y Jorge Blanco Roldán, mientras que Roberto Jiménez Gómez votó en contra.
Los miembros de la Junta Directiva aseguraron que la decisión fue motivada por las condiciones de incertidumbre y crisis generadas por la pandemia del COVID-19, como una alternativa para evitar el encarecimiento de los servicios públicos y tomando en cuenta la situación económica que enfrentan algunos sectores que podría generar atrasos en el pago de cánones de la ARESEP.
No obstante, Jiménez indicó que tanto la Auditora y la Directora Jurídica de ARESEP fueron claras y contundentes en que la decisión tomada por la Junta Directiva podría generar roces de ilegalidad.
“No sólo tiene este problema, sino que afecta el trabajo de las personas, quienes podrían demandar a la institución; no se analizaron los impactos en la operación de la entidad; disminuyendo nuestra capacidad para cumplir con los objetivos establecidos”, añadió.
Jiménez agregó que existen indicios de que la decisión se toma como posible persecución a personal que ha sido muy valioso para lograr una transformación en el enfoque de la regulación.
Junto a la propuesta del Regulador y las medidas tomadas por la Junta Directiva se alcanzó una reducción en el presupuesto del 2021 de un 25% (un 23,5% propuesta del jerarca y un 1,5% por el resto de los directivos).
“Desde que llegamos a ARESEP tuvimos el compromiso de transformar la organización, un aspecto era disminuir el crecimiento de la entidad y que impactaba en el canon de regulación de los servicios públicos. Logramos una reducción de más de ¢2.320 millones en el presupuesto y del canon; por ejemplo, en transporte redujimos más del 37%, electricidad 11% y agua el 10%, además, limitamos las consultorías externas y alcanzamos más apoyo de organismos internacionales”, manifestó Jiménez.
Desde su perspectiva, el acuerdo de Junta Directiva no cuenta con el sustento técnico, y la presentada por su despacho era suficiente para contener el gasto y a la vez cumplir con las demandas de la entidad.