Construir más cárceles y una serie de cambios en los regímenes de confianza son parte de las propuestas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en caso de lograr el ascenso de Rodolfo Piza a la Presidencia de la República.
La abogada Patricia Vega, ex ministra de Justicia, es la principal consejera de Piza en las áreas de seguridad y justicia. En la campaña anterior, figuró como precandidata a la vicepresidencia de la República.
Vega tiene una maestría en legislación ambiental y estudios de maestría en administración de negocios. Comandó el Ministerio de Justicia en el gobierno de Abel Pacheco, fue viceministra de Planificación, viceministra de la Presidencia y directora de la Fundación MarViva.
Este es un extracto de la conversación con UNIVERSIDAD sobre las propuestas del PUSC en el tema penitenciario.
¿Cómo trabajaría un eventual gobierno socialcristiano la administración penitenciaria en un contexto diferente al que usted recibió cuando fue ministra?
Diferente, relativamente. En aquel momento había un hacinamiento superior al 20%, ahora es mucho más, ahora el hacinamiento es mucho más alto. Ahora, nosotros no podemos, por ineficiencia estatal, utilizar mecanismos que no están para eso. Cuando se habla de programas de seguridad, o el plan de Laura Chinchilla en donde se le dio recursos a todos los niveles de seguridad, se les olvidó Justicia. Durante muchos años se les olvidó construir módulos necesarios de acuerdo con las proyecciones que debían haber de un cambio en las políticas de seguridad.
Nuestro sistema penitenciario es un sistema progresivo: si usted progresa, puede pasar del nivel institucional al semi-institucional, pero esto requiere muchos estudios y análisis psicológicos. No se puede utilizar este mecanismo de traslado de régimen para resolver el hacinamiento.
¿Y cómo lo tramitarán si la decisión viene de un juez?
Yo tuve órdenes. El problema es haber dejado el hueco. Ahora la situación es mucho más complicada. Hay muchísimos privados de libertad de más. Además, en este Gobierno se han construido módulos que son los deseables en una sociedad que tiene mucho dinero. Usted no puede darle espacios de “tipo 100” a unos cuantos privados de libertad y dejar a otro montón en condiciones inhumanas, eso requiere una eficiente administración de recursos. En su momento nosotros planteamos módulos de baja, mediana y alta contención. Hay muchos privados de libertad que pueden vivir en módulos de baja contención y son de bajo precio.
¿Las nuevas cárceles no son adecuadas para las finanzas del país?
Exactamente. Si uno tiene los recursos que se tuvieron, yo lo hubiera hecho más democrático. Claro, es muy bonito tenerles canchas, gimnasios, etc. Tienen las mismas características que un colegio privado del país. Faltó un ejercicio de distribución y planificación.
¿Qué cambios le harían al régimen de monitoreo electrónico para privados de libertad a través de tobilleras?
El sistema de tobilleras funciona en tanto haya una capacidad de respuesta. Tiene que haber un centro de monitoreo donde usted sepa dónde está el individuo que tiene la tobillera, que se dispare una alerta y que se pueda reaccionar. Ese proyecto no está planificado así. En otros países, cuando la alarma se dispara, hay carros, hay radios y policías para atenderlo.
El sistema está alertando, pero se está encerrando a gente que tiene trabajo, y para conseguir un permiso laboral, se toma casi 9 meses.
Si usted lo va a encerrar con tobillera en un cuarto no tiene ningún sentido. La idea es que la tobillera le dé un grado de independencia, pero no se puede dar una tobillera sin tener una capacidad de respuesta. Ese es el gran problema. Esa capacidad de reacción y alerta no la tienen, por eso ponen otras contradicciones ilógicas como esa que usted me está contando que yo no sabía.
¿Quiénes podrían acceder a una tobillera electrónica?
Definitivamente no pueden ser reincidentes, no pueden ser delitos violentos ni personas con problemas de drogadicción. Quien tenga una tobillera debe poder comportarse muy bien. El que es drogadicto está fuera de condiciones muchas veces. El que ha ocasionado delitos violentos no se lo merece. Yo no visualizo que nadie tenga una tobillera sin haber estado en la cárcel un tiempo en donde los equipos técnicos lo pudieron valorar antes. No es una producción masiva de tobilleras. Si se le da, tiene que haber infraestructura técnica y de atención para responder ante una violación del espacio.
Juan Diego Castro dice que en su gobierno no va a soltar un solo preso. ¿Cómo ve usted este tipo de propuesta?
Jamás, eso no lo dije yo, eso tampoco lo dijo Rodolfo. El régimen semi-institucional ha funcionado durante años en el país. Cuando fui ministra, se hacía el proceso. La diferencia es que se hacía progresivo con calma y se analizaban los expedientes. Recuerdo que se volvían a pedir informes del psicólogo. Lo que no se puede hacer es masificado. El régimen semi-institucional seguirá existiendo como ha existido en estos años, pero bien y con calma, no puede ser masivo.
Las cifras de reincidencia no superan el 6%. ¿Considera que las liberaciones de privados de libertad tienen relación con el aumento en homicidios?
Sí y no. Las causas de la violencia que nos aqueja están en muchos lugares: en el tráfico, en la comercialización de drogas, en la formación de bandas, en una juventud abandonada, etc. También es cierto que hubo mala praxis de quienes liberaron. Antes la reincidencia era muy baja.
Quisiéramos brindarle a la gente tranquilidad de sentir que el país es seguro. Si uno libera reincidentes, no te van a matar, pero hoy te roba el celular, mañana la cartera y pasado mañana golpea a una señora para quitarle una bolsa, tal vez no ocurre un crimen grave y lo liberan por ser “un ratilla cualquiera”. Esto provoca un aire de inseguridad en el país, es lo que vivimos ahora.
¿Hay una relación de causalidad?
En alguna medida sí.
¿Cómo podríamos justificar que tiene una incidencia directa en el aumento de los homicidios?
Si uno reincide, pero como reincidente recurrió 10 veces a asaltos pequeños, todo eso provoca una sensación de inseguridad, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso dije que sí se puede hacer el cambio de régimen abierto al semi-abierto, pero con personas que hayan estado en el sistema, que hayan demostrado que hay un cambio en su percepción de mundo y no para combatir el hacinamiento.
Si la decisión proviene de un juez que ordena ese traslado de 300-400 personas, ustedes tienen que acatarlo, ¿no?
Los jueces nunca ordenan liberar a personas masivamente, ellos ordenan que se desocupen las cárceles sobrepobladas que no es lo mismo. Y sí, los liberados cometen delitos y aumentan el problema.
¿Cuáles serían los principales cambios del PUSC al sistema penitenciario con respecto a este Gobierno?
Lo primero es invertir en infraestructura penitenciaria de una forma inteligente, con niveles de bajo, mediano y alto perfil de contención.
Segundo, respetar la progresividad del sistema y usar los instrumentos que la ley contiene para que las personas se esfuercen, progresen y después de las evaluaciones requeridas, generar un cambio.
¿Algo más?
Principalmente creo que tenemos algo muy claro: estamos violando los derechos de las personas con el hacinamiento. Pero, es claro que este Gobierno se ha gastado una enorme cantidad en esto y no ha resuelto ni una parte. Esto será una prioridad. Cuando no es una prioridad, pasa como en otros Gobiernos que se dejó olvidado a Justicia. A pesar de que le dieron recursos a quienes producían a los privados de libertad, no se los dieron a Justicia.
¿Más cárceles?
Claro. Habían terrenos, recuerdo uno en el sur, eso hubiera acercado a una población de la zona sur. Hay que hacer más cárceles.
¿Cómo se plantearía la construcción de nuevas cárceles en media crisis fiscal?
Los gobiernos definen prioridades. En el gobierno de Piza, la seguridad y sus relacionadas, serán prioridad. El financiamiento hay que hacerlo racionalmente. Cuando fui ministra, los fondos que se ocuparon para hacerlo de forma prudente, salieron de los mismos recursos del Estado. El problema ahora es mayor. Ahora habrá que ver qué dejó este gobierno y en qué utilizó los recursos del exterior que tenían. En 2016, el Ministerio de Seguridad presupuestó un 5,2% menos que en 2015, lo que demuestra que los gobiernos priorizan o no priorizan las cosas. La plata hay que buscarla.
¿Qué opina de la propuesta de reabrir San Lucas?
No es viable. Cuando San Lucas era San Lucas, había mucha fauna marina en el golfo. Si un privado se escapaba, se lo comía un tiburón. Ahora, un privado se le escapa y puede seguir nadando hasta lo que aguante y no pasa nada, no se lo va a comer un tiburón.
La cantidad de transporte que pasa por esa zona, hace que un privado de libertad en San Lucas, se tira, y se lo lleve una lancha. Es demasiado el tráfico, es otra circunstancia. Han pasado casi 40 años donde todo ha cambiado.
San Lucas no tiene agua, ¿cómo hacemos eso? Además, es carísimo. Cambios de guardia, transporte de comida por bote. Implica costos altos, ¿cuál es el plus de San Lucas?
Un sector pide que los reos construyan sus cárceles, ¿cómo ve usted eso tomando en cuenta la legislación laboral y sus derechos?
En algunos casos, esas construcciones de baja contención pueden hacerse y se les paga un estipendio. Lo que está prohibido es el trabajo forzado, con trato cruel y degradante. Los privados de libertad trabajan en las cárceles haciendo pupitres, y si de paso se puede hacer unos módulos prefabricados, que nosotros llamábamos casitas. Eso se puede hacer. No pensemos en la imagen del preso con la bola pegada en el tobillo, construyendo y picando piedra.
