País Solicitado por Nueva República para sesiones extraordinarias

Proyecto de ley pone en riesgo aplicación de anticonceptivo de emergencia y aborto terapéutico

Iniciativa da derechos a no natos, pero no establece una clara diferenciación entre cuán avanzado está la implantación, afirma oficialista Paola Vega

En la última semana de sesiones ordinarias para la Asamblea Legislativa, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia consiguió zanjar positivamente el dictamen del proyecto de  Ley de derechos del niño y la niña por nacer (21.239) que le protege vida y salud “del ser humano en gestación, desde su concepción hasta su nacimiento”.

Pese a varias semanas entrabado en la discusión de mociones presentadas por la oficialista Paola Vega, la comisión llegó a un consenso con un texto sustitutivo que, ahora, incluye en su definición a la “integridad de las mujeres gestantes”.

No obstante, a pesar de esa aclaración, la aprobación del proyecto podría obstaculizar la aplicación del anticonceptivo de emergencia (conocida como la “pastilla del día después” y regulada para su venta en farmacias desde el 2019) y, también, del aborto terapéutico como fue normado en una norma técnica que obtuvo aval de la Presidencia de la República hasta diciembre del 2019.

“Podría entrar con una complicación para la aplicación de la norma (técnica), impediría a médicos y personas gestantes el avanzar con la aplicación del aborto e incluso con tratamientos para el no nato, en el útero, para tratar cardiopatías, tumores y otros que pueden intervenirse desde el útero”, explicó la diputada Paola Vega, quien no forma parte de la Comisión de Juventud pero vigila el trámite del proyecto.

Vega afirma que la generalización que se hace de darle los mismos derechos al cigoto (el nombre que tiene la célula que resulta de la unión de un óvulo y espermatozoide y que, entre otros, no necesariamente resulta en un implante en el útero de una mujer para continuar con la gestación); embrión (se llama así desde la implantación y hasta la octava semana de gestación); y feto (desde la novena semana y hasta que ocurra el parto).

Por ejemplo, la aplicación de anticonceptivos de emergencia se realiza en las horas posteriores a la eyaculación sin protección y evita que el cigoto se implante en el útero de la mujer. Durante la discusión de ese procedimiento farmacológico, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) defendió la venta libre de los fármacos para casos de violación, para que la mujer no deba sobrellevar una maternidad forzada después de un evento tan traumático.

“(El sustitutivo) corrige algunos aspectos del texto base, elimina algunos artículos muy violentos que tenía el proyecto. Sin embargo sigue arrastrando los dos problemas de fondo: no hace una diferenciación entre etapas de gestación del producto, por lo tanto, sigue reconociendo derechos absolutos a cualquier estadio gestacional del producto: cigoto, embrión, feto, independientemente de si esté o no implantado”, afirmó la diputada Vega.

Al añadir un único límite a los derechos de estos productos de la gestación, la integridad de la mujer que los lleva en su vientre, únicamente permite que se proteja a la madre cuando existe riesgo de que ella muera.

“Choca con el artículo 121 del Código Penal porque solo reconoce la posibilidad de intervención cuando peligre la vida de la madre, no su salud. Si se aplicara tal y como está, entraría en roce con el Código Penal, la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica (fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al país a implementar la fertilización in vitro), incluso con el mismo Código de la Niñez y el Código Civil”, afirma la oficialista.

Pese a estas advertencias, la última versión del proyecto recibió dictamen afirmativo de la Comisión de Juventud.  La votación del jueves 24 de noviembre fue unánime, con apoyos de la presidenta María José Corrales (Liberación Nacional); la secretaria Patricia Villegas (Partido Integración Nacional); y los miembros Shirley Díaz (PUSC); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional); Daniel Ulate (PLN); y Catalina Montero (Acción Ciudadana).

El proyecto 21.239 no fue incluido aún en la convocatoria a sesiones extraordinarias, pero el bloque independiente Nueva República sí lo solicitó a la Presidencia para próximos meses, según informó esa fracción.

El texto del proyecto se lee de esta forma:

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