Comisión estudia proyecto del Gobierno para regular plataformas de transporte

Procurador señala posible inconstitucionalidad en cobro de porcentaje a Uber para financiar flotilla de taxis

Julio Jurado advirtió que el cobro de inscripción de ₡8.300 millones a Uber podría tratarse de “una multa encubierta”.

El proyecto del Gobierno para regular el servicio de Uber y otras plataformas de transporte podría ser inconstitucional en varios de sus artículos, según explicó el procurador general de la República, Julio Jurado, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

El jerarca señaló que el cobro de un 3% por cada viaje en Uber para destinarlo a un Fondo Nacional de Movilidad (administrado por el Consejo de Transporte Público) es desproporcionado. Además, alegó que es irracional el uso de ese dinero para pagar la modernización de la flotilla de taxis y el pago de ayudas a sociales a los taxistas. “Es un monto muy alto y el destino es muy vago”, dijo Jurado.

De acuerdo con el proyecto, este subsidio se daría durante los primeros ocho años después de la entrada en vigencia de la ley.

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“Sería una contribución parafiscal para distribuir de un sector de transporte a otro. Pasados esos años, este fondo dice que va a ser utilizado para mejorar la movilidad de transporte general, sin especificar qué significa eso. Es dudoso puesto que no se compagina con las competencias del CTP. Sería inconveniente que el CTP maneje este fondo con la conformación que tiene hoy”, agregó Jurado.

El procurador advirtió que podría haber inconstitucionalidad en la creación del Fondo Nacional de Movilidad, porque podría violentar el principio de caja única del Estado, en donde estos recursos se administrarían con total independencia y al margen de este concepto.

Además, señaló que el monto de “inscripción diferenciada” que se le cobraría a Uber de ₡8.300 millones es desproporcionado y la considera “una multa encubierta”. El proyecto establece montos de ₡44 millones de registro a empresas privadas de transporte.

También criticó el artículo que le permitiría al CTP la emisión de títulos valores con los recursos de este fondo, sin ningún tipo de parámetros como los plazos, montos o tasas de interés. “Es un cheque en blanco para endeudamiento”, dijo.

Jurado también afirmó que el hecho de declarar el servicio de las plataformas de transporte como público o uno privado sin regulación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos es una decisión que dependerá de los legisladores.

Al respecto, el representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxis, Edwin Barboza, alegó que Uber entró a distorsionar el mercado.  “Lo que enseñan es que para lograr las cosas hay que violentar la ley (…) A partir de la entrada de operación de Uber, un taxista que trabaja 15 horas se está ganando ₡10 mil”, dijo Barboza.

El líder de los taxistas afirmó que el Gobierno pagó en tiempo récord una indemnización a la empresa OAS por cancelar la concesión de la carretera a San Ramón, pero que esto no sucede cuando se trata de “humildes trabajadores”.

“Si a mí me piden 20 requisitos, los cumplo, pero que se los pidan a todos los que están operando. El Estado ha fallado con respecto a la regulación del transporte público. En algunas cosas no hemos recibido un trato justo, yo le pediría al CTP que para operar un servicio de transporte de taxi, tenga que ofrecer una aplicación tecnológica”, agregó Barboza.


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