Bajo la consigna de sustituir deuda cara por cara barata, este jueves 40 diputados aprobaron el contrato de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que inyecta $504 millones para el presupuesto de lo que resta del 2020.
La aprobación se decidió a pesar de que criterios dudosos de varios diputados abiertamente contrarios a un futuro acuerdo de stand-by con el FMI que proveería al Gobierno de nuevos $1.750 millones, aunque con condiciones que aún no se han explicado a los legisladores ni a la ciudadanía.
El préstamo recién aprobado es un financiamiento rápido (RFI por sus siglas en inglés) que el Fondo Monetario estableció específicamente para la pandemia. Según información del FMI, otros 19 países del mundo tienen esta línea de crédito aprobada; de ellos, nueve países son de Latinoamérica y el Caribe.
14 diputados de oposición votaron en contra del préstamo, con preocupaciones por el hermetismo del Gobierno y sobre las consecuencias estructurales del stand-by. Estos legisladores fueron: cinco diputados independientes del bloque Nueva República; el frenteamplista José María Villalta; los socialcristianos Pablo Heriberto Abarca, Shirley Díaz y Pedro Muñoz; los dos legisladores de la fracción de Integración Nacional; los independientes Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu; y la liberacionista Franggi Nicolás.
La lectura legislativa es que este primer crédito es la antesala para una negociación más dura y que podría culminar en modificaciones tributarias, la venta de empresas estatales y otras reformas del Estado. Aunque el stand-by es una negociación del Ejecutivo con el FMI, estas posteriores decisiones sobre cómo se pagará la deuda son las que tendrán que decidirse en el Congreso.
Rompiendo la posición de bloque, Franggi Nicolás dijo que está preocupada porque las respuestas sobre la negociación del FMI “han sido absolutamente contradictorias”, por lo que no sabe cuán avanzado está.
“Aquí hay sectores que quieren que haya negociación con el FMI, que no tienen otra ruta, propuesta o alternativa sobre la mesa. Desde hace muchísimos años, hay un sector de la población de derecha que desde hace mucho tiempo quieren comprar instituciones del Gobierno y quieren entrarle a negocios como Kölbi, Fanal, Bicsa, pero no tienen el pretexto y ahora sí lo tienen”, dijo Nicolás.
Aunque la apertura de esta nueva relación crediticia con el FMI obligó al Gobierno a abrir una mesa de diálogo con algunos sectores, no hay participación del Poder Legislativo en los espacios. Durante una comparecencia con los diputados, Hacienda afirmó que el stand-by está avanzado.
Votos a favor hablan de crédito favorable pero futuro nebuloso con FMI
Sobre el préstamo de $504 millones, los oficialistas repitieron que las condiciones que ofrece el FMI son favorables.
Welmer Ramos votó positivamente y defendió “una tasa de interés del 1,55% que no se consigue en este país de ninguna manera; y a cinco años plazo”. Pero también advirtió que hay que tener “cuidado” con lo que “venga a futuro del Fondo” y pidió saber qué se está negociando.
“En el pasado, los condicionamientos del FMI y el Banco Mundial fueron desastrosos para la clase media, distribución del ingreso, para el desempleo rural y sostener pobrezas altas”, explicó el diputado.
El mismo argumento sobre las blandas condiciones del dinero y sus beneficios a corto plazo tuvo eco en la mayoritaria fracción liberacionista, aunque allí también manifestaron inconformidades con la gestión macroeconómica del Gobierno.
Antes de votar positivamente, Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, que revisó el proyecto del préstamo por $504 millones, advirtió que el stand-by sí va a contener “reformas estructurales” y que su posición positiva a los créditos pactados cambiará “si el protocolo de adhesión a la OCDE no llega a esta Asamblea Legislativa, si no hay claridad de cómo se van a pagar estos empréstitos”.
Paola Valladares exigió al Gobierno “que se dejen de secretismos”.
“¿Qué consiguen con el secretismo? ¿Tapar las estupideces que hacen? ¿A dónde va la ruta de negociación con el FMI?”, preguntó la liberacionista.
Votos negativos reclaman silencios alrededor de stand-by
Desde la oposición que se negó a aprobar el préstamo fue que surgieron los cuestionamientos más duros a la relación del Ejecutivo con el brazo Legislativo.
Desde el Frente Amplio, José María Villalta repitió un criterio oficial de Gobierno que dice que este préstamo es “la llave” para el futuro acuerdo de stand-by. Dijo que no va a comprar el discurso de que el FMI “es la madre de Calcuta” y criticó la década perdida de los noventas, producto de los acuerdos con el Fondo en los ochenta.
“Le tengo terror a la falta de transparencia del gobierno de Carlos Alvarado, de Horizonte Positivo, del ministro Garnier. A la falta de claridad sobre principios y a la facilidad con la que este Gobierno entrega banderas que están en su plan de Gobierno, que decían defender en el pasado por presiones de grupos económicos”, dijo Villalta.
Remontándose al 2018, el socialcristiano Pedro Muñoz acusó al Gobierno de “ocultamientos, silencios y falta de transparencia. Afirmó que “mintió” con los compromisos pactados con el PUSC para la votación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y el trámite de la Ley de Empleo Público.
Muñoz se quejó de los planes que se han discutido con temas de impuestos sobre la renta e impuestos al capital.
“Yo no puedo votar este empréstito con las dudas que tengo sobre la voluntad del Poder Ejecutivo para crear empleo, bajar el costo de la vida y mejorar la competitividad y productividad, y cuando lo que tengo son indicios de más impuestos y más impuestos”, afirmó.
Del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman también criticaron la falta de “transparencia”.
Desde el Partido Integración Nacional, el diputado Wálter Muñoz llamó al préstamo un “fraude” porque se va usar para pagar gasto corriente.
Ese adjetivo mereció un aleccionamiento por la diputada independiente Zoila Volio, quien reclamó a Muñoz que no participó en el trámite del proyecto y explicaciones de la liberacionista Silvia Hernández, sobre cómo se tramitó una modificación para que el préstamo de $504 se use 90% para el presupuesto ordinario, disminuir el monto de deuda interna y un 10% para mermar la deuda de ¢1,95 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
