El presidente de la República, Carlos Alvarado, valora la opción de llevar a una segunda mesa de diseño el proyecto de ley que regularía a las empresas de plataformas tecnológicas de transporte como Uber.
Así lo indicó este jueves a los medios de comunicación durante la atención semanal de prensa que se realiza en Casa Presidencial.
El mandatario aseguró que la opción de “presentar algo mejor” se valora pues el objetivo del proyecto que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa era aportar a la discusión, dado que no había otro proyecto del cual partir.
“Aquí había que construir, crear nuestro propio marco y el gobierno trabajó para tener una primera propuesta a sabiendas de que iba a ser sometido a discusión y eso es lo que está ocurriendo ahora. Está siendo sometido a discusión por parte de la Comisión, de la Procuraduría y por parte de distintos entes, ese es el proceso que queremos llevar”, externó.
El Ejecutivo llevó a la Asamblea Legislativa el proyecto que regularía las plataformas de transporte público el pasado 22 de enero y parte de una de las promesas con la que se comprometió el presidente desde la campaña electoral.
Alvarado no adelantó cambios pero indicó que si se abre una segunda mesa de elaboración, el objetivo del Gobierno no cambia y es “lograr la formalización de este tipo de transportes, al tiempo que no dejamos en desprotección a una población importante que son los taxistas”.
“Que tengamos que trabajar con los diputados y diputadas para que este proyecto sea mejor deriva que alguien tome elementos de esto para enriquecer la discusión o que tengamos que volver a la mesa de diseño para aprovechar los recursos disponibles y presentar algo mejor, es posible”, añadió.
De hecho, desde que llegó el proyecto a puerto legislativo, un desfile de autoridades y representantes ha pasado por la Comisión de Asuntos Económicos para externar sus puntos de vista y eventualmente hacer las modificaciones.
Por ejemplo, los diputados han recibido representantes del sector de los taxistas, jerarcas de tecnología y telecomunicaciones, jerarcas del Gobierno como el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; el viceministro de Egresos, Nogui Acosta y el procurador general de la República, Julio Jurado.
Sobre el proyecto
El proyecto existente pretende que se cobre a Uber y a las empresas de transporte privado un monto por operar legalmente y adicional un 3% -del monto cobrado por cada viaje- para financiar la modernización de la flotilla de taxis del país durante ocho años.
El monto que se le cobraría a Uber sería de ₡8.300 millones, por haber iniciado operaciones antes de la vigencia de la ley. Para el resto de empresas se cobraría ₡44 millones por concepto de inscripción.
También se menciona que el Estado obtendrá recursos a partir otras gestiones como la renovación de sus permisos de operación, el cobro de sanciones, o por cada viaje que se efectúe en estas aplicaciones.
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Todos los recursos que el Estado obtenga de este negocio serían administrados por el Consejo de Transporte Público, a través del Fondo Nacional de Movilidad.
Reacciones
El proyecto ha recibido señalamientos importantes y oposiciones por parte de autoridades y sectores durante las sesiones en la Comisión de Asuntos Económicos.
Entre ellos, destaca la posición de el procurador general de la República, Julio Jurado, quien externó a los diputados que el proyecto podría ser inconstitucional en algunos de los artículos.
El jerarca señaló que el 3% que se cobraría por cada viaje en Uber para destinarlo a un Fondo Nacional de Movilidad es desproporcionado.
Advirtió, a su vez, que la creación del Fondo Nacional de Movilidad podría ser inconstitucional, pues podría violentar el principio de caja única del Estado.
También discrepó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre la creación del Fondo Nacional de Movilidad, pues alegó que el Consejo de Transporte Público no debería tener a su cargo la administración de un fondo millonario como este ya que se le brinda potestades al CTP que no tiene.
La propuesta del Mopt también ha generado reacciones en el Congreso incluidas las de la fracción oficialista, quienes piden eliminar el cobro de ₡8.300 millones a la empresa Uber para inscribirse como plataforma de transporte, pues la consideran “desproporcionada”.
También hay desacuerdo por parte de los oficialistas en darle al Consejo de Transporte Público la rectoría del fondo que administraría estos recursos.
Uber externó que la propuesta del Gobierno está lejos “de fomentar la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología”.
