Doris Arias, de la Sala III, pidió participar en encuentro para ofrecer alternativas a la sobrepoblación en las celdas del OIJ

Presidente de la Corte denegó petición de magistrada para asistir a reunión sobre hacinamiento carcelario

Carlos Chinchilla invitó a los magistrados a unirse, sin embargo, luego optó porque la reunión fuera “de alto nivel”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, negó una petición de la magistrada de la Sala III, Doris Arias, para participar en la reunión que se llevó a cabo este viernes por la tarde en Casa Presidencial, en donde se discutieron una serie de acciones conjuntas para disminuir el hacinamiento en las cárceles del Organismo de Investigación Judicial.

De acuerdo con declaraciones de Arias, en una conversación privada le solicitó a Chinchilla participar de la reunión. De hecho, una vez que se discutió el lunes pasado en la Corte, invitó a “magistrados o magistradas que quieran estar”.

“Yo también me ofrezco, hay que hablar con las máximas jerarquías del Ministerio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, compañeros y compañeras magistradas que quieran estar y don Wálter Espinoza, pero no lo podemos dejar para la próxima semana”.

Sin embargo, al finalizar la sesión de la Corte Plena, se aprobó la participación de Chinchilla en una reunión junto al presidente Luis Guillermo Solís, el ministro de Justicia Marco Feoli y el director del OIJ, Wálter Espinoza, sin incluir a otros magistrados.


En el minuto 45, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla extiende la invitación a la reunión a los magistrados, sin embargo, negó la solicitud de la presidenta de la Sala III, Doris Arias.

 

De acuerdo con Chinchilla,  “la decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia cuando yo les propuse que la reunión se diera a alto nivel con el Ministro de Justicia, el Presidente de la República y el director del OIJ, no es que la dejáramos afuera”.

“Yo le hice esa solicitud, en una conversación privada que tuvimos. Solo dijo que él iba asistir con don Wálter Espinoza, que era un asunto de alto nivel”, dijo Arias, sin embargo, en la reunión también participaron Alejandro Solano, viceministro de Justicia, Mariano Barrantes, director de Adaptación Social y las jefas de despacho de Espinoza y Chinchilla, así como la directora del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero.

La magistrada Arias es la presidenta de la Sala de Casación Penal y de la Comisión de Asuntos Penales en la Corte. En la sesión de Corte Plena, se aceptaron sus propuestas de ordenar a los jueces penales de las distintas jurisdicciones donde hay cárceles del OIJ, a informar cuántas personas están en estas celdas, cuánto tiempo han estado, las condiciones y otras cuestiones de interés judicial. Sin embargo, se le negó la participación en la reunión.

“Nosotros teníamos interés porque tenemos conocimiento de lo que ha ocurrido (…) He sido jueza de ejecución de la pena, mantengo la posición que tengo, creo en las penas alternativas. Las cárceles están muy saturadas”, dijo Arias, quien, pese a no participar de la reunión, afirmó que se lograron “grandes avances en un tema primordial de reconocimiento de derechos humanos en la privación de libertad”.

Arias adquirió mayor visibilidad en noviembre pasado cuando denunció al magistrado Celso Gamboa ante el Tribunal de Inspección Judicial, por supuestamente apropiarse de un expediente sobre las llamadas “capacitaciones fantasma” del Movimiento Libertario.

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La reunión

El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Judicial, acordaron trabajar en conjunto para disminuir las condiciones críticas de hacinamiento en las celdas del OIJ, que encierran a reos indiciados, es decir, personas sospechosas de delitos que no han sido asignadas a algún centro penitenciario.

“La sobrepoblación tiene raíces más profundas. El OIJ no está preparado para recibir más personas en sus celdas, esa fue la circunstancia que hoy planteamos a lo externo”, comentó Wálter Espinoza, director del OIJ.

Entre los acuerdos destaca el acompañamiento relacionado con el traslado de privados de libertad para la atención de audiencias y otras diligencias, con el fin de utilizar el sistema de videoconferencias para realizar las comunicaciones desde los centros penitenciarios, sin requerir el traslado de reos.

Por su parte, el Ministerio de Justicia destacó que tienen en planificación la construcción de 960 espacios para construir, tras la apertura de la nueva Unidad de Atención Integral de Pococí, la reubicación en las dos nuevas cárceles de Pérez Zeledón y La Reforma.

Además, se solicitará una audiencia con Sala Constitucional para analizar el tema de la administración del hacinamiento. “Hay una serie de órdenes de jueces de ejecución de la pena que nos impide administrar”, explicó Marco Feoli, ministro de Justicia.

El tema del hacinamiento carcelario estalló el pasado 19 de febrero cuando dos privados de libertad se dieron de golpes en las celdas de los Tribunales de Limón, ocasionando la muerte de uno de ellos.


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