Tras conocerse el rechazo de los siete integrantes de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) a renunciar, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anunció esta noche que intentará forzar su salida mediante un procedimiento legal “que puede tardar muchos meses”.
Esa precisamente fue la justificación que brindó el mandatario esta tarde para no optar por esta medida, cuando le solicitó a los siete integrantes, cinco de ellos nombrados por su gobierno, que dieran un paso al costado.
“…Ante la pública decisión de algunos de no renunciar, anuncio que el martes 3 de octubre solicitaré al Consejo de Gobierno iniciar el proceso administrativo para su destitución”, publicó Solís minutos antes de las 8:00 p.m. en su página oficial de la red social Facebook.
La vicepresidenta del BCR, Evita Arguedas, manifestó en una conferencia de prensa esta noche que “todos y cada uno de nosotros hemos tomado la decisión de no renunciar”.
Para Arguedas, su obligación es permanecer a pesar de las circunstancias y las presiones.
“Ninguno de los siete directos va a renunciar (…) Que lo abra (el proceso legal para su destitución), el que nada debe, nada teme”, afirmó Arguedas.
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Cuatro horas antes, durante una transmisión en la misma red social, Solís reconoció que un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) aportaba “razones suficientes para proceder a una destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica”.
A criterio del mandatario, “esto obligaría a un procedimiento legal que pueda tardar muchos meses y afectar seriamente el normal funcionamiento del Banco y seguir su dañando la institucionalidad.”
Solís se reunió hoy con algunos de los directivos del banco para comunicarles los hallazgos del informe, que cuestiona la división de los directivos la falta de controles internos en los créditos por $30 millones al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
