El presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó que no dará impulso al proyecto de ley sobre muerte digna y eutanasia que presentó la diputada oficialista, Paola Vega, el 1 de mayo anterior.
Alvarado dijo que el proyecto no estaría entre las prioridades de su administración pues no forma parte de los temas que conforman su plan de Gobierno.
“Yo lo que estoy comprometido es con lo que prometí en campaña en mi plan de Gobierno, si eso no está en mi plan de Gobierno, no, no está en mis compromisos de impulso”, aseguró el mandatario este viernes tras una entrevista que concedió a UNIVERSIDAD para analizar su primer año de gestión en el poder.
Al presidente se le consultó si consideraría hacer una revaloración de su plan de Gobierno para incluir este tema, sin embargo, el mandatario se mostró reacio a dicha posibilidad pues aseguró que es un tema polémico.
“Hay cosas en las que puede haber cambio: algo que puede ser opinable o que hay que modificar o actualizar; ese no es uno de esos temas particularmente y un plan de Gobierno lo que sirve es como un contrato con la ciudadanía, uno le dice: Esto es lo que yo voy a hacer y la idea es que uno llega y lo hace, estamos todos claros”, sostuvo el mandatario.
Iniciativa
El proyecto que presentó la diputada busca garantizar los derechos de acceso a la eutanasia y muerte asistida a las personas que sufran enfermedades terminales irreversibles o con pronóstico de vida igual o menor a seis meses.
La base de partida de la iniciativa fue el proyecto que lideraron los exdiputados verdiblancos Antonio Álvarez Desanti y Carlos Arguedas, en la legislatura anterior; sin embargo, fue rechazado.
El documento permitiría a las personas con enfermedades terminales participar de forma activa en la toma de sus decisiones; así como el derecho a la atención en cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida. Añade que la eutanasia sólo podrá ser solicitada por la persona al médico tratante, a través de un “testamento vital”.
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Además, se prohíbe el encarnizamiento terapéutico por parte del personal tratante; es decir, que los médicos opten por medidas que no conducen a la mejoría de una persona en fase terminal sino a retrasar su muerte.
El Código Penal de Costa Rica en su artículo 116 establece: “Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido serio e insistente de éste aún cuando medie vínculo de parentesco”.
En el mismo documento dice que se podría dar un perdón judicial “a quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable”.
