Los diputados podrán dar trámite a la Ley especial de pago de arrendamientos y subarrendamientos de vivienda y locales comerciales (21.927), diseñada para reducir los cobros de alquiler a quienes sufren afectaciones económicas por el COVID-19.
Este viernes, Presidencia amplió la agenda de trabajo del congreso para el mes de agosto (de sesiones extraordinarias) con 54 nuevos proyectos convocados.
De ellos, 24 fueron presentados en el marco de la emergencia por COVID-19, desde marzo pasado, como el caso del expediente 21.927.
El proyecto fue consensuado en una mesa de trabajo multipartidaria, durante abril. No obstante, recibió frenos en su trámite porque algunas fracciones se oponen a regular las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
En una última versión de ese texto de ley, de principios de julio, la moratoria planteada, a criterio de los arrendadores que se acojan a esa ley, es de tres meses. Se acuerdan descuentos o aplazamientos para los pagos.
El texto además dice que, por lo que queda del 2020, “se suspende cualquier aumento en todos los contratos de alquiler de vivienda y de inmuebles destinados para actividades económicas y productivas”.
Nuevas exoneraciones en renta e IVA
Además de ese proyecto, aparecen otros nueve planes de alivios durante la crisis pandémica. No obstante, ninguno de ellos incluye el plan de suspender el cobro del impuesto de valor agregado (IVA) a la canasta básica.
Dos planes convocados son específicos para el sector turístico. Se tratan del 21.968 (Ley de reactivación e incentivos para las actividades turísticas, presentado por el socialcristiano Pedro Muñoz) y el 22.118 (Ley para la promoción de la inversión turística, de la oficialista Carolina Hidalgo).
En el proyecto de Muñoz se tramitaría una “exención de todo tributo y sobretasas” para la compra de artículos para las empresas turísticas y la exoneración, hasta por seis años, del impuesto territorial para negocios que se instalen fuera de la región metropolitana.
Ese mismo proyecto pretende que el Banco Central use a las empresas hoteleras nacionales “dedicadas a la atención del turismo internacional” como cajas de compra de divisas a los turistas extranjeros.
Por otro lado, Hidalgo propone exenciones del impuesto a las utilidades entre siete y cinco años, pero el incentivo depende de cuán costosa es la inversión de la empresa y cuántos puestos de trabajo genera. Asimismo, estas empresas no pagarían impuesto de valor agregado (IVA) por servicio de electricidad.
En julio, los diputados exoneraron del IVA a los servicios turísticos, al menos por un año más y autorizaron un cobro reducido de ese impuesto, hasta el 2023.
Ejecutivo también convocó con un único proyecto diseñado para el sector agropecuario y pesquero (el 21.949, de la liberacionista Paola Valladares) que exonera del IVA a los bienes y servicios que necesitan estos productores para sus empresas. Este proyecto está listo para avanzar a primer debate en plenario, tras su estudio en Agropecuarios.
Ninguno de los tres proyectos especifican cuál será la sustitución en los ingresos de Hacienda para permitir las exoneraciones.
Alivios con crédito y condonación de deudas
De forma más general, dos proyectos de la lista pretenden aliviar a empresas con los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Uno es el 22.041 (Ley de financiamiento para las mipymes afectadas por la emergencia del COVID-19, del diputado de Restauración Nacional y presidente del congreso, Eduardo Cruickshank). El plan faculta a Banca para el Desarrollo para dar préstamos de avales, con pérdidas esperadas hasta del 8% en un periodo de emergencia como el de la pandemia.
El segundo de estos proyectos es el 21.965 (Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo ante emergencia por COVID-19, presentado por PAC, PLN y Restauración Nacional).
Además de reformar elementos de Banca para el Desarrollo, su principal beneficio económico es que condona deudas de “micro, pequeños y medianos productores agropecuarios” con el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE). Este proyecto está listo para avanzar a primer debate.
La lista de proyectos del Ejecutivo también incorpora una condonación de deudas de servicios de agua, alcantarillado, hidrantes (21.802), para aquellas deudas más antiguas de diez años.
Continúa ausente de la agenda extraordinaria el proyecto de moratoria para los créditos, que también fue consensuado por distintas fracciones desde que comenzó la emergencia por COVID-19.
Esta es la lista completa de los 54 expedientes que se convocaron:
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