La presentación de los presupuestos de las universidades públicas no sufrirá ningún cambio luego de que el Ministerio de Hacienda aclarara que no deberán entregarlos ante la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria de esa cartera, se pretendía en el oficio STAP-CIRCULAR-0754- 2019.
En ese documento, se daba plazo a las universidades estatales hasta este viernes 28 de junio para presentar sus presupuestos ante la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria para que esta pudiera velar por el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el año anterior.
La regla fiscal es una norma incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre pasado, que establece un límite de crecimiento de los presupuestos ordinarios de las entidades y organismos del sector público no financiero a un 4,67% para el año 2020.
Con la regla fiscal se limitaría el crecimiento del gasto corriente presupuestario según el comportamiento de la deuda (53,6% en 2018) y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cuatro años.
Las universidades estatales se habían manifestado en contra de lo que estipulaba este oficio, pues alegaron que se incurría en una violación del régimen de administración financiera universitaria, pues nunca, ni las universidades públicas ni el CONARE han estado sometidos a la regulación, verificación o supervisión de la Autoridad Presupuestaria.
Sobre este tema, los rectores expresaron su disconformidad al ministro de Educación Pública, Édgar Mora, en una carta enviada el pasado 10 de junio.
El tema quedó aclarado este viernes en un oficio firmado por el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero Vargas, indicó que si a criterio de las universidad públicas la argumentación jurídica señalada no las hace sujeto de la aplicación del requisito y “queda a criterio de dichos centros de educación superior acreditar el cumplimiento de la Regla Fiscal directamente ante el órgano competente, bajo el entendido de que corresponde a la Contraloría General de la República verificar si se cumple o no con la regla fiscal”.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, celebró la aclaración y aseguró que es un “paso muy importante”, pues supeditar los presupuestos a la Autoridad Presupuestaria significaba una violación al marco constitucional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
“Eso queda protegido. Por es importante que el gobierno haya reconocido que no estamos nosotros obligados a responder a la Autoridad Presupuestaria. Nunca lo hemos estado en 70 años de vigencia de nuestra constitución política, esto se ha respetado, este hubiera sido el primer paso para no respetarlo”, apuntó Jensen.
El rector informó que esta aclaración no deja fuera a las universidades de la aplicación de la Regla Fiscal, contra la cual aseguró que las universidades darán la lucha en los tribunales de justicia en el momento que juzguen “políticamente más oportuno”.
“En este momento que estamos definiendo el FEES, no creo que sea oportuno poner esa acción de inconstitucionalidad ahora”, apuntó.
