El Consejo Superior del Poder Judicial decidió devolver nueve plazas de personal especializado de investigación (peritos) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que el nombramiento para estas contrataciones -utilizadas para investigar el “cementazo”- venció el 8 de agosto.
Se trata de seis puestos de auditores y tres informáticos, que ahora regresarán a las pesquisas del caso del cemento chino, gracias a que se aprobó una prórroga hasta el 31 de diciembre.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, afirmó que esa extensión del plazo se ajusta a la normativa legal, debido a la complejidad de esta investigación y la “necesidad urgente de atender las diligencias propias de los órganos a cargo del caso”.
La decisión se tomó este jueves luego de que el director del OIJ, Walter Espinoza, advirtió en un oficio enviado el 9 de agosto pasado al Consejo Superior, que sin la aprobación de una prórroga para plazas especiales de peritos no se podría priorizar las diligencias del caso del cemento chino.
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La solicitud de Espinoza fue respaldada por la fiscala general, Emilia Navas, quien criticó que, tras el vencimiento de las plazas, se tuvieron que reprogramar diligencias.
Las discrepancias se dieron cuando el Consejo Superior condicionó la ampliación estas plazas a que el OIJ explicara porque se estaban empleando para la investigación de otros casos como el de “Infocoop” y “Yanber”. Además, se les exigieron entregar un cronograma de trabajo y detallar el avance de las pesquisas. «El Consejo requiere ese informe porque la norma tiene que cumplirse, es una formalidad inevitable para poder autorizar que se mantengan esas plazas», explicó Cruz.
“Son permisos que se otorgan en un plazo definido y el jerarca o jefe de oficina que lo solicita debe justificar y rendir informes del uso que dará a esos recursos para que el Consejo Superior determine el contenido presupuestario”, justificó días atrás el Poder Judicial mediante un comunicado.
Ahora, los peritos podrán ser parte de las investigaciones del “cementazo”, en las cuales se indaga si se otorgaron beneficios de manera indebida en los préstamos que le otorgó la banca estatal al empresario Juan Carlos Bolaños.
Los agentes especializados también continuarán con las pesquisas sobre el caso del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), en el cual se investiga si se cometió peculado con fondos públicos que estaban destinados a cooperativas.
