Uno de los proyectos que recortará gastos de Gobierno, con la eliminación de anualidades de los trabajadores públicos (21.917), continúa con freno en Asamblea Legislativa, después de dos días de trámite en plenario.
Entre lunes y jueves, el plenario revisó y votó en contra de 26 mociones presentadas por el frenteamplista José María Villalta, con modificaciones amplias. Entre ellas, varias exclusiones, especialmente para trabajadores que este año atienden la crisis sanitaria de la pandemia y para aquellos que perciben los salarios más bajos (menores a ¢550.000, en una de las propuestas). Villalta defendió cada moción presentada hasta que, a las 11:45 a. m., los diputados aprobaron posponer su trámite a otra sesión plenaria.
“El criterio básico de justicia no se quiere aplicar en este proyecto de ley y simplemente lo quieren hacer a rajatabla, golpear todo el trabajo de las personas trabajadoras y sin diferenciar”, se quejó Villalta sobre la redacción del único artículo que tiene el proyecto de ley.
Villalta denunció que, pese a que el Ejecutivo originalmente excluyó de las afectaciones salariales a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud y cuerpos policiales, esa misma redacción se cambió en el congreso porque podía crear asimetrías y “desnaturalizar” la iniciativa.
“Este proyecto ya de por sí desnaturaliza la anualidad. Si la anualidad es un reconocimiento por antigüedad”, afirmó Villalta.
En mayo pasado, el Gobierno presentó el proyecto de ley con el plan de ahorrar, hasta el año 2022, un total de ¢67 mil millones de pagos en el plus salarial de anualidades. Ese pago se realiza según las evaluaciones del funcionario público, quienes deben recibir como mínimo una calificación de “muy bueno” para recibir el dinero (que corresponde a un 1,94% para los trabajadores profesionales y 2,54% para los no profesionales, según un decreto del 2019).
Sin embargo, para Villalta, la propuesta que llegó para su aprobación en Asamblea “No analiza el impacto sobre los trabajadores, si es mucho o es muy poco, cómo va a afectar a la economía del país. No analiza ni explica, ni justifica por qué esta medida y no otras”.
Este lunes, se votaron mociones para comprometer la devolución de esas anualidades después del 2023; y para que la mitad del ahorro generado se gire a la CCSS.
Villalta se quejó de que el Ejecutivo envió un “proyectucho de ley” que no cuenta con suficientes pruebas de cómo afectará el recorte a los salarios públicos y, con ellos, a la economía nacional.
“Para que vean la calidad de cochinada que nos vinieron a presentar. Dos párrafos sobre la pandemia y después tome los trabajadores (sic), sin ningún estudio ni análisis”, se quejó también Villalta.
El frenteamplista reconoció que el debate de sus mociones era un “monólogo”, en tanto ni siquiera los pocos diputados que apoyaron algunas de sus mociones se prestaron para discutirlas.
En distintas ocasiones, Villalta tuvo apoyo de pocos diputados que votaron a favor de sus cambios, entre ellos Shirley Díaz (Unidad Social Cristiana); Otto Roberto Vargas (Partido Republicano Social Cristiano); Wálter Muñoz y Patricia Villegas (Integración Nacional) y Zoila Volio (independiente).
En ese contexto, Villalta también arremetió contra el silencio y negativa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), a quien describió como un “hijo de Liberación Nacional (…) que se rebeló contra el papá porque el papá abandonó los principios que originaron ese partido” y habló de la pérdida de la socialdemocracia.
El frenteamplista mencionó otro plan del Ejecutivo que sigue en la corriente legislativa: el de jornadas de 12 horas (el proyecto aún no ha sido discutido en el plenario).
De acuerdo con Villalta, el Gobierno y la fracción oficialista defienden libertades individuales pero
“Este proyecto fue hecho con tal descuido y chambonada que refleja claramente lo que le importa al Gobierno del PAC los derechos laborales, para ellos son transables. No basta con darle derechos al individuo porque también existen los derechos económicos, social y laborales. Por eso hay un título de Garantías Sociales en la Constitución Política”, acusó Villalta, en reiteradas ocasiones.
Gobierno congela aumento salarial para el sector público durante los próximos 4 años
Según el ministro de Hacienda, Elián Villegas, con esta medida el país ahorraría ¢23 mil millones al año y ¢92 mil millones en total para el 2024.
