El registro de accionistas ya está listo y empezará a funcionar a partir del 1 de setiembre según informó este lunes el Ministerio de Hacienda, el Banco Central (BCCR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Quienes estén convocados a cumplir con este proceso obligatorio, deberán registrarse dentro de las fechas establecidas que designó Hacienda, pues de lo contrario corren el riesgo de ser multados con sanciones que rondan entre los 3 y 100 salarios base, equivalente a ¢1.338.600 y ¢44.620.000 respectivamente.
El registro de accionistas es una herramienta que permitirá al Ministerio de Hacienda contar con información clave como quiénes son los que reciben beneficios de una sociedad anónima para evitar eventuales fraudes a las finanzas públicas y transparentar la actividad económica.
A la inscripción de este registro están llamados alrededor de 370 mil personas jurídicas, según informó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta. Esta lista incluye personas y estructuras jurídicas, fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro y administradores de terceros.
Este proceso será por etapas según el último dígito de la cédula jurídica de los representantes. Por ejemplo, a partir del 1 de setiembre (y durante todo el mes) arrancará plazo de inscripción para personas jurídicas cuyos números de la cédula terminen en 1-0; en octubre 2-3;noviembre 4-5; diciembre 6-7; y enero 8-9.
Para ello, las personas jurídicas deberán completar este proceso a través de un representante legal que cuente con firma digital válida ingresando a la página del Banco Central (www.centraldirecto.fi.cr).
Además el viceministro Acosta precisó que las sociedades que estén inactivas deberán de desinscribirse sino serán multados igual que los demás.
Para realizar el trámite, las personas jurídicas deben de contar con un certificado de firma digital, sin embargo, según datos del Registro Nacional, al 23 de agosto, 119 mil de los 162 mil representantes de estas sociedades (más del 80%) no cumplen con este requisito.
El registro de accionistas se creó de manera obligatoria a partir la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada en diciembre de 2016 y presentado en el Congreso desde julio de 2014.
Este mecanismo contribuye a elevar los estándares del sistema tributario y acatar una de las recomendaciones que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De acuerdo con el director del ICD, Guillermo Araya, el sistema permitirá mejorar la imagen del país y aumentar la calificación en las evaluaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Galafit). En la evaluación del 2015 a Costa Rica se le señaló el incumplimiento en este rubro.
El gerente del Banco Central, Eduardo Prado, aseguró que la información que depositen las personas jurídicas será tratado bajo parámetros de cumplimiento de normas internacionales que garantizan la confidencialidad.
Este rubro fue motivo de críticas y disputas tiempo atrás por parte de los empresarios, pues ellos manifestaron que les preocupaba que el Ministerio de Hacienda no pudiera garantizar la confidencialidad de los datos en el sistema.
