Presidente a universidades por demanda al Estado:

“Pensemos de manera constructiva ¿cuál es el modelo de sostenibilidad real?

El rector de la universidad de Costa Rica aseguró que el Ejecutivo ha cancelado varias reuniones para discutir el tema.

Luego de la demanda que interpusieron los cinco rectores de las universidades públicas para evitar que se les apliquen las medidas de empleo público contenidas en la reforma fiscal, el presidente de la República, Carlos Alvarado, instó a dichas instituciones a trabajar en conjunto propuestas para mejorar “el modelo de sostenibilidad” económico frente a la problemática del crecimiento de sus presupuestos a la Hacienda Pública.

Este lunes, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) presentó una acción judicial contra el Ministerios de la Presidencia, Hacienda, Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado por un decreto presidencial que las hace parte de las disposiciones en materia de empleo público que fueron aprobadas dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Hay que resolverlo, no debilitarlo. Yo creo que esa es la actitud con la que yo propongo abordemos estos temas de una forma constructiva con soluciones nuevas; sino nos quedamos sin soluciones, se nos agota el tiempo”, respondió el presidente este jueves. 

Añadió que el debate “más sencillo” es trasladar la factura a la Hacienda Pública y no proponer soluciones.  “…Yo no me puedo quedar solo con quejarme de eso ¿Qué nos toca? Construir soluciones diferente a lo que se ha venido haciendo e innovadoras en este caso”.

El mandatario además señaló que “le llama la atención” que sean directivos quienes estén planteando este tipo de acciones.

“No solo podemos delegar para arriba y que la Hacienda Pública los problemas de todos, eso es nuestra responsabilidad y creo que la estamos asumiendo pero también desde la institucionalidad tenemos que buscar las soluciones para darle sostenibilidad a esto”, indicó.

“Las universidades, como lo hacen en muchos países desarrollados, son generadoras de valor, que también tiene condición de convertirse en valor público: en conocimiento, en procesos, en alianza con el sector público  y privado, pero nosotros no explotamos esas venas de trabajo porque a veces es muy fácil decir: Hacienda Pública pague”, añadió.

Conversación “anhelada”

El  presidente dijo que le giró instrucciones al ministro de Educación, Édgar Mora, para conversar con las universidades  y “buscar soluciones”.

De acuerdo con  Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) desde las universidades ha habido “anuencia” a establecer diálogo, sin embargo, el Poder Ejecutivo les ha cancelado en varias ocasiones.

Hemos tenido varios intentos fallidos de reunión con el presidente, digo fallidos porque habían reuniones concertadas que no se llevaron a cabo y que tuvieron que ser canceladas por parte del Poder Ejecutivo”, detalló Jensen.

Según comentó, hay una reunión pactada para el próximo 4 de junio con el ministro de Educación para ver el tema del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), pero esperían que se concrete un encuentro con el presidente previo a esta fecha. 

“Por supuesto que estamos dispuestos a conversar a negociar e incluso a recomendar porque nosotros creemos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es una ley inacabada e inconclusa, que por decirlo en términos populares: Se quedó a medio camino”, indicó.

“Es una conversación que anhelamos”, concluyó el rector. 

Demanda

Los rectores de las cinco universidades públicas presentaron una acción de nulidad con medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra los Ministerios de la Presidencia, Hacienda, Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado.

Esta demanda fue planteada contra el artículo 1º inciso h) y el artículo 3º del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el pasado 18 de febrero.

La motivación para presentar esta acción de nulidad está relacionada con que la regulación del régimen de empleo de las universidades públicas es materia reservada a sus propias competencias, pues desde su creación quedaron fuera de la aplicación del régimen de Servicio Civil.

Las universidades alegan la violación en la aplicación indebida de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fue reformada en esta misma normativa.

Señalan que su régimen de empleo público está normado en los estatutos orgánicos, reglamentos internos de trabajo, autónomos y de servicio y no dentro de la Ley Nº 9635.


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