La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, cuestionó una parte de la norma técnica que el Gobierno hizo de conocimiento público este martes.
Mora externó su criterio un día después de que el Ministerio de Salud trasladó a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la normativa para consulta de carácter no vinculante antes de que el presidente la firme.
La crítica que hizo la ministra versa sobre el artículo 7.4 de la normativa. En este punto se plantea la conformación de un órgano colegiado integrado por tres especialistas (dos en ginecobstetricia y uno en la patología de fondo de la mujer a la que se le interrumpirá el embarazo). Mora dijo que “no se apega del todo a la realidad”, pues no todos los centros de salud del país cuentan con dos especialistas en ginecobstetricia.
Según Patricia Mora su criterio se ampara en una recomendación que le pidió al médico Aristides Baltodano, quien participó en la redacción de la norma técnica. La jerarca aseguró que planteará la inquietud a las autoridades del Ministerio de Salud en los próximos días.
De acuerdo con el criterio que le externó el médico, Mora señala que en el texto debería añadirse una parte que diga que si en los centros de salud no hay dos especialistas en ginecobstetricia, sea el Director Médico quien asuma ese puesto o nombre a un especialista externo en esta rama.
La ministra también se mostró optimista ante el avance en el proceso de la norma técnica.
“Las mujeres hemos caminado, venciendo los mil obstáculos que una sociedad patriarcal y machista nos ha puesto con paso firme en la conquista de nuestros derechos. Peleamos por conseguir la igualdad efectiva, la plena ciudadanía, nuestro derecho al trabajo digno, a la tierra, a la vivienda, a la salud, a la vida sin violencia, a la paritaria participación política, a la corresponsabilidad social de los cuidados, a las oportunidades de la educación. La firma de la norma técnica con 50 años de retraso, constituirá un avance significativo en nuestra reivindicación de derechos sexuales y reproductivos”, añadió.
Grupos feministas
El documento de la norma técnica presentado este martes generó distintas reacciones de las organizaciones. Por un lado hubo quienes reconocieron el hecho de que exista un documento de partida para aplicar el aborto terapéutico tal y como lo estipula el Código Penal; por el otro lado, quienes plantearon sus observaciones sobre el texto.
La crítica de la ministra Mora sobre la conformación del órgano colegiado no es aislada, pues este punto también fue cuestionado por la activista Margarita Salas. “En el caso de los tres especialistas que se están pidiendo para la valoración del caso hay que considerar que en muchísimas zonas va a plantear una posibilidad de implementación porque hay muchas zonas donde no hay tres especialistas fácilmente”.
Para la directora de la Asociación Ciudadana Acceder, Larissa Arroyo, es importante considerar que la norma aún no ha sido aprobada. Asimismo, se debe hacer un análisis profundo sobre las problemáticas que presenta la norma, lo que no atiende y sobre algunas garantías que conlleva.
“Tenemos que recordar que van a haber muchas barreras, y que la aprobación de una norma técnica es insuficiente justamente para garantizar el pleno acceso a los derechos de las mujeres, a la vida y a la salud. Sabemos que habrán muchas barreras como las manifestaciones y ataques con los cuales ha amenazado la Asamblea Legislativa”, señaló Arroyo.
La abogada criticó también el papel que ha tenido la CCSS a través de los años en la aprobación de normativa a favor de los derechos de las mujeres. “En el 2009 fue la CCSS bajo el mandato de María Luisa Ávila, se encargó de detener la aprobación de la guía de interrupción terapéutica del embarazo. Estaba listo y no fue aprobada justamente por el Área Jurídica de la CCSS. Queda muchísima incertidumbre sobre esto”.
Arroyo agregó que la norma muestra aún barreras para el acceso de las mujeres cuya vida o salud está en peligro y no pueda ser evitado por otra forma. Tal como los casos de Ana y Aurora, en los que el Estado se negó a interrumpir el embarazo pese a que ambos fetos tenían malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
“Todavía deja subjetividad en el personal de salud al no considerar la voluntad de la mujer de manera contundente y como palabra final”, mencionó.
Margarita Salas criticó que la norma plantea que la interrupción del embarazo se haga en caso de que la mujer esté bajo peligro por una patología de fondo que comprometa su vida o salud, pues esta definición no se ajusta a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define como salud.
“La OMS dice que “la salud es un estado de bienestar integral que involucra lo mental, lo emocional o lo físico o lo social y no solamente una ausencia de enfermedades”, por lo que me parece contradictorio que estemos reduciendo riesgos de la salud a la presencia de patologías de fondo, esas dos cosas están en abierta contradicción, porque o es la salud un completo estado de bienestar más allá de la presencia de afecciones o estamos hablando patologías”, señaló.
Salas añadió que ve como positivo que se le mande un mensaje al personal de salud que Costa Rica tiene la figura de aborto impune y se deba implementar; no obstante, considera que el Gobierno debería aprovechar la oportunidad para que la norma esté alineada a los estándares internacionales.
