Por medio de un video en su cuenta de Facebook, la jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres y exdiputada del Frente Amplio, Patricia Mora, afirmó que la reforma fiscal es un “proyecto sesgado”.
La ministra reconoció que no comparte la agenda económica del Gobierno para el que trabaja y que se deben abrir las vías de la conversación con los sectores que levantan “legítimas demandas en las calles”. Sobre este criterio, el presidente Carlos Alvarado afirmó que demostrará ante los tribunales que la huelga indefinida es ilegal.
“Es un proyecto de plan fiscal sesgado, se está obligando a unos sectores a socarse la faja mientras a otros más poderosos prácticamente no se les toca”, comentó. Mora agregó que tal como está, el plan fiscal no cumple con la justicia social, económica y tributaria.
Conforme avanzaron las negociaciones en el Congreso, el impacto de la inminente reforma fiscal se redujo, en tanto algunos sectores lograron ser exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como es el caso de la educación privada, de la cual se buscaba obtener unos ¢27.000 millones.
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Entre los cambios, también se sustituyó el impuesto de renta a las ganancias de las cooperativas por un incremento en cobros sobre los excedentes que reparten entre sus asociados.
Otro de los cambios que debilitó la reforma fiscal fue la creación de excepciones en la llamada “norma de subcapitalización”, una herramienta especializada para frenar la elusión fiscal, con la potencia de recaudar unos ¢90.000 millones.
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Esta herramienta ahora abre la posibilidad de que los contribuyentes pidan a la Administración Tributaria eliminar el tope por condiciones especiales (no definidas), al tiempo que se excluye del límite a las operaciones crediticias que se realizan con entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o por cualquier otra superintendencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Los sindicatos iniciaron una huelga indefinida desde el pasado lunes, lo que ocasionó la cancelación de lecciones en las escuelas, suspensión de cirugías en hospitales y cierres provisionales de carreteras.
Los grupos sindicales afirman que la reforma fiscal -al que llaman “combo” en alusión a la marcha del 2000 contra la apertura de las telecomunicaciones- busca afectar a los empleados del sector público y eliminar las anualidades e incentivos salariales, vistas desde adentro como derechos y desde el otro lado de la acera como privilegios.
