Proyecto lleva cuatro meses estancado, tras aprobación en primer debate

¿En qué paró la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial?

Magistrados deben analizar si el proyecto tiene vicios de constitucionalidad, sin embargo, la mayoría se inhiben para no ser “juez y parte”.

Una serie de reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial se encuentran estancadas en la Sala Constitucional, luego de aprobarse en primer debate en el Plenario de la Asamblea Legislativa.

El proyecto, que busca recortar el gasto público en materia de jubilaciones judiciales, fue llevado el 1 de noviembre a consulta facultativa por el diputado Jorge Arguedas, con la firma de otros 11 legisladores. Desde entonces, no ha podido entrar en estudio por parte de la Sala Constitucional debido a que la mayoría de los magistrados se inhiben de ver el proyecto, puesto que no quieren ser juez y parte en una decisión que atañe directamente a su pensión.

Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández, Ernesto Jinesta, Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar y José Paulo Hernández solicitaron excusarse y ser reemplazados por suplentes para revisar este recurso. El 7 de noviembre pasado se aceptaron sus argumentos y la Presidencia de la Corte realizó un sorteo para sustituir a los siete magistrados.

Tras la rifa, resultaron electos los suplentes Enrique Ulate, Carlos Estrada, Ricardo Madrigal, Jorge Araya, Alicia Salas, Aracelly Pacheco y Ana María Picado. Cinco días después, cuatro de ellos ya habían presentado su inhibitoria, para no participar de la decisión.

Para reemplazar a cuatro de ellos, se volvió a realizar un sorteo y se eligió a las magistradas suplentes Yerma Campos, Anamari Garro y Rosa María Abdelnour para analizar el recurso. Sin embargo, las tres abogadas pidieron inhibirse del caso.

“Existe una sucesión extensa de inhibitorias y de sorteos que se ha dado en estricto apego de la ley, atendiendo la naturaleza y contenido del asunto consultado, siendo que aún está pendiente de confirmarse el Tribunal que conocerá del asunto de manera definitiva”, se lee en una explicación enviada por los magistrados de la Sala Constitucional a la diputada Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional.

La nota se envió luego de que la legisladora cuestionara las razonas por las que la Sala Constitucional aún no solicita el expediente del proyecto. De acuerdo con la Sala, no se hará hasta que no se conforme el tribunal.

“Esto es inédito, nunca había visto algo similar en todos mis años de trabajar para el Poder Judicial”, comentó Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional.

Hernández explicó que esta cadena de inhibiciones se da porque los suplentes designados en su mayoría son jueces y no litigantes. Esta situación genera que los jueces pidan excluirse del proceso, al tratarse de un tema que les atañe.

Sobre el proyecto

La reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial se aprobó en primer debate el pasado 30 de octubre. Para que los cambios surtan efecto, primero la Sala Constitucional deberá determinar si tiene o no vicios de constitucionalidad o si el proceso fue el adecuado.

Posteriormente, deberá ser aprobado en segundo debate en el Plenario, firmado por el Presidente de la República y publicado en el diario La Gaceta.

Los diputados aprobaron subir el aporte de los empleados del Poder Judicial del 11% al 13% del salario y la fijación de un tope de 4 millones de colones. Además, se aumentó la edad de jubilación ordinaria de 60 a 65 años, mientras que se necesitarán de 35 años para jubilarse; actualmente el mínimo es de 30 años.

Además, quienes tengan pensiones superiores a 4 millones de colones, se les deducirá una contribución solidaria, de entre 35% y 55% del monto que exceda ese tope. Este monto, sumada a la cuota obrera, no podrá superar el 55% de la jubilación.

La reforma fijó el otorgamiento del 83% del salario promedio de los últimos 240 salarios. Actualmente, se otorga el 100% de los últimos dos años.

Cambios de última hora

Antes de aprobarse en el Plenario, los diputados dieron el visto bueno a varios cambios en la reforma, que fueron criticados por las diputadas Natalia Díaz, del Movimiento Libertario y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana.

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La propuesta inicial buscaba la integración de técnicos independientes en la junta administrativa, para administrar el fondo.

Se buscaba la colocación de tres expertos elegidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, sin embargo, esto fue eliminado del proyecto justo antes de llegar a Plenario.

Además, una moción de última hora también permitiría que se abra la posibilidad de que se autoricen préstamos con recursos de las jubilaciones.

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