El fondo de avales para empresas, que Gobierno anunció en agosto, será financiado por un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $300 millones —¢180 mil millones, según precisó el ministro de Hacienda, Elián Villegas, a los diputados de la Comisión de Hacendarios.
El dinero será para que entidades financieras usen “el aval o garantía otorgada por el Fideicomiso, como mitigador de crédito, para efecto de la estimación para los incobrables”. Es decir, en el caso de que los clientes de las instituciones bancarias caigan en impago de sus compromisos crediticios por la pandemia.
“El Fondo emitirá avales que cubrirán hasta por el 80% del saldo expuesto por operación de crédito individual. Los avales y garantías podrán utilizarse en la reestructuración de créditos ya existentes y otorgados por las entidades financieras supervisadas por la SUGEF”, dice el proyecto de ley.
En una comparecencia sobre otros dos proyectos de empréstitos, Villegas también respondió consultas sobre la Ley de creación del Fondo Nacional de avales y garantías (22.144).
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El préstamo para los avales llegará a la Asamblea Legislativa en próximos días. La ley de creación que el dinero será albergado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) como fiduciario. Villegas, quien dejó el cargo de presidente ejecutivo del INS para asumir la cartera de Hacienda en junio, explicó que los bancos públicos fueron descartados como fiduciarios.
“Esos bancos no podrían trabajar con su cartera en el fideicomiso porque les generaba un conflicto de interés”, afirmó Villegas.
El préstamo del BCIE llegará en dos tractos. El primero por $50 millones tiene una tasa de interés del 2,06% y el segundo depósito serán $250 millones a una tasa de 2,81%.
Así serán los avales
El ministro Villegas estima que 18.000 empresas serán incluidas en el Fondo de avales (el crédito promedio calculado para cada una es de ¢98 millones).
Las entidades financieras prestamistas tendrán 18 meses para escoger las empresas o personas beneficiarias. No obstante, el Fondo funcionará como respaldo del crédito por 15 años.
El proyecto de ley dice que “las tasas de interés de los créditos serán determinadas por los intermediarios financieros de acuerdo con las mejores prácticas bancarias y de gestión de riesgo”.
Sin embargo, Villegas pidió “mayor flexibilidad” a los bancos, en tanto los esquemas de valoración de riesgo se ven afectados por la pandemia de COVID-19 y los usuarios no pueden tener la misma “rigurosidad” con los documentos requeridos por los bancos.
El proyecto de ley omite el perfil de las empresas que podrán optar por avales, y necesita un reglamento para su aplicación.
Los legisladores Otto Roberto Vargas (Partido Republicano Social Cristiano) y Jonathan Prendas (independiente) cuestionaron si no se puede involucrar el dinero de Banca para el Desarrollo en la iniciativa.
Prendas también llamó “inapropiado” que en el Consejo directivo del Fondo de avales no se incluye al Banco Central, la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) ni el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif es un órgano colegiado que incluye a Sugef).
Por otro lado, la legisladora oficialista Laura Guido adversó la idea de usar recursos de Banca para el Desarrollo porque es “ un modelo pensado para la pequeña, mediana, micro empresa y para las empresas del sector agropecuario” y usar esos recursos de otra manera sería para beneficio de “empresas más grandes o con otros objetivos”.
Guido señaló que la Comisión de Turismo, en la Asamblea, está revisando un tema de avales con Banca para el Desarrollo.
“Me parece importante que podamos sentarnos a determinar los objetivos del fondo de avales y qué tipo de empresa queremos acompañar”, aseguró sobre el trámite de la ley 22.144.
