Dos recursos de la defensa del expresidente Óscar Arias sobre el procedimiento del caso Crucitas recibieron el rechazo de la Sala Constitucional. Así lo confirmó el abogado del exmandatario, Rodolfo Brenes.
Uno de los recursos que se declararon sin lugar es un amparo contra el fiscal José Pablo Miranda, al alegar que el Ministerio Público “violentó el derecho a la presunción de inocencia al tramitar una investigación preparatoria incompleta, deficiente, sesgada y negligente en la que no entrevistó a 16 personas que se encuentran en su lista de testigos”.
De acuerdo con la argumentación de Brenes, así como del abogado Francisco Castillo, se violaron los derechos al debido proceso y la defensa, a la imparcialidad e independencia del sistema judicial y a la motivación de la acusación.
No obstante, la Sala IV declaró sin lugar este recurso, aunque la redacción del fallo y sus razones aún no están listas.
La Sala también rechazó el recurso de hábeas corpus interpuesto contra el juez Andrés Saborío, del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, por ordenar la acumulación del expediente de Arias al de los otros siete acusados.
La defensa de Arias apeló por la vía escrita y pidió audiencia oral, pero el juez rechazó esta solicitud.
“Así, desconociendo sus deberes, un Juez de la República dictó una resolución sin escuchar los argumentos de la defensa del acusado, obligándolo a someterse a una acumulación de causas e integrarse a un proceso que se tramitó durante 11 años sin su participación. Mayor peligro y amenaza para la libertad personal de un justiciable, es difícil de concebir”, argumentaron.
Por su parte, el juez Saborío señaló, que el artículo 455 del Código Proceso Penal establece que “una vez que este Tribunal reciba las actuaciones por parte del Juzgado tiene la posibilidad de decidir sobre la admisibilidad del recurso, sin necesidad de convocar a una audiencia oral”.
Aún sin conocer los argumentos de los magistrados constitucionales, se rechazó la petición de Arias. Las partes involucradas están a la espera de la notificación judicial en donde se determinará si se abre juicio o no contra el expresidente.
A Óscar Arias se le señala por firmar un decreto en donde declaró el proyecto de minería a cielo abierto, en Crucitas, de “interés público y conveniencia nacional”, en octubre de 2008.
El proyecto estaba a cargo de la compañía canadiense Industrias Infinito y se iba a desarrollar en Cutris, San Carlos, pero una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión a finales de noviembre del 2010.
La Fiscalía acusa a Arias del delito de prevaricato, el cual es cometido cuando una autoridad dicta una resolución arbitraria, injusta y contraria a la ley.
