El expresidente Óscar Arias asistió este viernes por la mañana a la audiencia preliminar del caso Crucitas en los tribunales penales de Goicoechea, según confirmó su abogado Rodolfo Brenes. Ahí se discute si es necesario abrir un juicio o no contra Arias, Roberto Dobles (exministro de Ambiente) y otros seis imputados.
El expresidente asistió para presenciar su defensa y hacer una manifestación de los hechos de manera voluntaria, sin embargo, la audiencia se suspendió, tras una solicitud por incapacidad del defensor público de una de las imputadas. Según el abogado de Arias, el expresidente evalúa presentarse de nuevo el próximo lunes para brindar su testimonio, pese a que no es un requisito obligatorio en esta fase del proceso.
La audiencia dio inicio el pasado 17 de enero y ya recibió los argumentos de la Fiscalía, que acusa al exmandatario del delito de prevaricato, por firmar en 2008 un decreto que declaró “de interés y conveniencia nacional” la explotación minera en Crucitas, San Carlos.
Además del Ministerio Público, los jueces escucharon los argumentos de la Procuraduría General de la República (el abogado del Estado) y de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Aprefloras). El lunes continuará el turno de la defensa de Arias, que encabezarán los abogados Rodolfo Brenes y Francisco Castillo.
Paralelo a este proceso, la defensa de Arias interpuso un recurso de hábeas corpus contra el juez penal Andrés Saborío, quien mantuvo la decisión de acumular el expediente del expresidente junto al de Dobles. Reclaman que el juez les negó una vista oral en donde iban a presentar sus argumentos contra la decisión de acumular expedientes, por lo que solicitaron una medida cautelar “urgente” para suspender la audiencia, “hasta tanto el Tribunal Penal no resuelva, mediante el debido trámite y audiencia oral, el recurso de apelación formulado”.
Brenes y Castillo señalaron que el 9 de enero pasado se convocó a una vista oral que se celebraría el 15 de enero, sin embargo, esa resolución se dejó sin efecto al día siguiente.
El caso
La Fiscalía acusa a Arias del delito de prevaricato, el cual es cometido cuando una autoridad dicta una resolución arbitraria, injusta y contraria a la ley.
Por el mismo acto se juzgó al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el mismo decreto presidencial Nº. 34801-MINAET. De hecho, Dobles fue sentenciado a tres años de prisión, sin embargo, el fallo lo anuló el Tribunal de Apelación.
El caso se reabrió en noviembre de 2017 tras la llegada de la nueva fiscala general, Emilia Navas. En agosto de 2018 presentó la acusación formal y en noviembre indagó al expresidente, en las oficinas del Ministerio Público.
“El argumento principal es que aquí no se cometió ningún delito de prevaricato. La acusación de la Fiscalía carece de prueba que ligue a don Óscar con un hecho irregular”, dijo el abogado del exmandatario.
Al considerar que se trata de un mismo hecho, la Fiscalía logró que el caso de Arias sea estudiado dentro del mismo expediente que el de Dobles.
En el mismo caso se investiga a Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), así como a Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Cruz Ramírez y José Corrales Arias, exfuncionarios de Setena.
