Un grupo conformado por 12 diputados del Partido Restauración Nacional, y los legisladores José María Villalta, del Frente Amplio (FA) y Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN) enviaron el proyecto de reforma fiscal a revisión constitucional a la Sala IV sin cuestionar si se necesitan 38 votos para aprobar la iniciativa en un segundo debate.
Puntualmente, esa pregunta esclarecería si el criterio de rechazo emitido por la Corte obliga a conseguir más votos, en relación con los 35 que consiguieron el visto bueno en primera instancia.
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La consulta de los opositores al plan fiscal también excluye las dudas o cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado al trámite del proyecto de ley. Es decir, la Sala Constitucional no entrará a ver si se respetaron los principios de publicidad o si se saltaron las normas del reglamento legislativo en cuanto a las consultas institucionales.
Este es el tipo de eventuales errores constituían una amenaza latente al que podrían traerse abajo la reforma tributaria, pues las indicaciones que hagan los magistrados sobre temas de fondo (contenidos específicos del proyecto) no son vinculantes.
De acuerdo con Eduardo Cruickshank, diputado de Restauración Nacional, no fue necesaria hacer una consulta sobre el procedimiento. “Existen muchos votos de la Sala que dice que, independientemente de la consulta que hagan, ellos entran a conocer si hay vicios de procedimiento en la aprobación de la ley”, dijo el legislador.
Este proceso es independiente de la consulta que se realizó a la Corte. Se trata de la facultad que tienen los diputados, si reúnen diez o más firmas, para enviar un proyecto a consulta ante los magistrados constitucionales, que ahora deberán revisar si contiene vicios de inconstitucionalidad (por el fondo).
Ante la ausencia de una consulta que aclare la necesidad o no de tomar en cuenta el criterio de la Corte, los diputados que impulsan el plan fiscal estudian enviar una consulta adicional, de modo que sepan si deben prescindir o no de las normas a las que se oponen los magistrados.
“Ese es un tema también de fondo y creo que valdría la pena hacer un esfuerzo para consultarlo, pero no sé realmente por qué razón no lo habrán hecho ellos; sin embargo, creo que habría que valorar si existe el mecanismo para consultarlo, porque por supuesto que lo que piense la Sala Constitucional sobre lo que dijeron los 11 magistrados en la Corte incide en la cantidad de votos requerida para segundo debate”, dijo Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, uno de los impulsores de la reforma fiscal.
“Estamos haciendo una valoración al respecto (enviar una consulta por propia cuenta) porque creo que es muy importante que la Sala se pronuncie y que el país conozca si la Sala mantiene sus criterios sobre lo que es o no es organización y funcionamiento del Poder Judicial, o si por lo contrario cambia de criterio”, agregó
En la misma línea, Nielsen Pérez, subjefa de fracción del Partido Acción Ciudadana afirmó que la agrupación valorará hacer una consulta, pero que la decisión se tomará la próxima semana.
¿Qué reclaman los opositores?
Los legisladores consultaron sobre la inconstitucionalidad de ocho aspectos incluidos en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Los diputados alegan que se viola el principio de justicia tributaria al fijar un impuesto del 1% a los artículos de la canasta básica. Para este tributo, se propuso en un inicio que fuera del 2%, sin embargo, como parte de las negociaciones entre fracciones, se acogió una propuesta del Partido Unidad Social Cristiana. Además, en otra negociación posterior se acordó destinar los recursos provenientes de este impuesto a las pensiones del Régimen No Contributivo.
Los diputados afirman que también se violenta el artículo 78 de la Constitución Política, al contabilizar dentro del presupuesto de educación (de un 8% del PIB por norma constitucional) los recursos destinados a la primera infancia y al Instituto Nacional de Aprendizaje. Esta medida incluso fue parte de las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Presentamos la consulta porque queremos buscar el rostro humano a este proyecto. Estamos convencidos de que este proyecto violenta el principio constitucional de justicia tributaria al obligar a los dos deciles más bajos de la sociedad, que ganan unos menos de ₡50.000 y otros menos de ₡100.000, a pagar un impuesto que sobrepasa sus posibilidades”, expresó el diputado Cruickshank.
La decisión de incluir a los deudores del Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto de Desarrollo Rural y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en las amnistías tributarias, que en un inicio solo incluían a quienes debían a Hacienda, también se consultó a la Sala IV.
Los opositores también impugnan la propuesta de eliminar que parte de los recursos recaudados por el impuesto sobre la renta se destinen a favor de las universidades públicas.
Otra de las consultas versa sobre la asignación dispuesta de la recaudación del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (artículo 31, inciso c, título IV de la reforma), así como la derogación de asignaciones presupuestarias al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), juntas de educación, Cen-Cinai y el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).
Además, pone en entredicho la legalidad de la aplicación de una regla fiscal que establece límites al crecimiento del gasto corriente, específicamente a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto al Seguro de Enfermedad y Maternidad o Seguro de Salud.
La consulta también incluye la impugnación del artículo 55 del Título III, que “pretende suprimir el derecho a la negociación colectiva en materia salarial y establece que la misma solo será posible mediante ley”. También, los diputados reclaman el Transitorio L del proyecto, que establece la obligación de los jerarcas de las instituciones públicas de denunciar las convenciones colectivas. A criterio de los 14 diputados, esto limita el derecho a renegociación o la prórroga automática.
La Sala Constitucional tiene un plazo de hasta 30 días hábiles para responder a los diputados.
Aquí puede leer la consulta completa.
