Los directores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Instituto Costarricense sobre Drogas y la Fiscalía reclamaron las acciones de los diputados de la comisión especial que tramita el proyecto de ley de extinción de dominio, tras dictaminar una versión “ultraligera” que excluye a delitos graves como corrupción de los funcionarios públicos, pornografía infantil y el contrabando.
La iniciativa consiste en dotar al Estado de herramientas para confiscar los bienes de actividades presuntamente ilícitas, sin necesidad de una condena, aunque este proceso involucra la presentación de pruebas y el permiso final de un juez. Se trata de un recurso legal que se aplicaría a quienes no pueden explicar el incremento notable de su patrimonio ni el origen de los bienes que poseen.
El proyecto delimita la aplicación de la ley a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico de órganos, pero excluye los delitos anteriormente mencionados.
“Los operadores del sistema no lo aceptamos. Se trata de una aprobación parcial y sesgada que pretende favorecer a ciertos grupos. Sería una ley beligerante sin armas, que no va a servir”, dijo Wálter Espinoza, director del OIJ.
Espinoza aseguró que el proyecto no consiste en confiscar bienes a cualquier ciudadano y que no se trata de una decisión discrecional para violar derechos fundamentales, sino que debe pasar por un debido proceso de presentación de pruebas y argumentación ante un juez o jueza.
En la misma línea, la fiscala general, Emilia Navas, hizo un llamado para que los diputados retomen el proyecto inicial, el cual no hacía exclusiones de este tipo. “Es una ley de justicia social, si la corrupción implica pobreza, no se puede excluir a las personas que cometen hechos de corrupción. No entiendo cuál es el objetivo, además de que es un proyecto que no va a poder ser aplicable, tiene falencias a nivel de procedimiento”, dijo Navas.
“No se acepta que se omitan o excluyan los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, el contrabando y en general, todas aquellas conductas delictivas de las cuales derivan los patrimonios ilícitos”, agregó.
La jefa del Ministerio Público agregó que puede presumir en forma personal los intereses que hay para excluir los delitos de corrupción, en momentos en que la Fiscalía investiga casos que involucran a políticos de alto nivel y casos de crimen organizado.
Por su parte, el director del ICD, Guillermo Araya, también reclamó la modificación que le brinda un 40% de los recursos obtenidos de las incautaciones al Ministerio de Hacienda. “La extinción de dominio no es un instrumento que se deba utilizar para amortizar la deuda pública. La distribución de los dineros declarados en extinción de dominio, otorgando un porcentaje al Ministerio de Hacienda para la amortización de la deuda traería efectos negativos a nivel social y fundamentalmente atenta contra los principios de objetividad y separación de poderes del Estado”.
Araya, Navas y Espinoza señalan que el actual texto imposibilita arrebatar bienes afectados dentro de un proceso penal, cuando, por alguna razón, “no pueden ser objeto de comiso por parte de un Juzgado Penal, por ejemplo, en situaciones de muerte del acusado, en prescripciones de expedientes y casos de juzgamiento en ausencia”. Además, alegan que las modificaciones ralentizan los procesos y agregan audiencias “abundantes e innecesarias”.
