La Dirección General de Migración y Extranjería amaneció este lunes, con largas filas de personas nicaragüenses solicitantes de refugio, no obstante, según la versión del Gobierno la mayoría de estos trámites corresponden a personas que ya radican en Costa Rica desde hace tiempo, y no necesariamente producto de la crisis que vive el país vecino.
Según el subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería, Daguer Hernández, hasta las 10:00 a.m. de este lunes se habían atendido 1200 personas, una cantidad mucho mayor que los días anteriores.
Hernández reiteró -como lo ha dicho el Gobierno durante los últimos días- que el aumento de las solicitudes responde gran parte a personas que ya viven en Costa Rica y que se han acercado a hacer la solicitud de refugio pensando que pueden aprovechar para regularizar la condición migratoria por la que esperan desde hace tiempo.
“Las personas que están en la fila son personas que ya tienen una estancia regular en Costa Rica y no han regularizado la condición migratoria, incluso algunos tienen trámites en migración con residencia, con condición de trabajador, empleada doméstica, etc”, alegó.
Además, el subdirector indicó que los solicitantes piensan que lo que otorga la Dirección de Migración es una condición de amnistía, una condición para darle ayuda económica o acceso a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo cual no es verdadero, porque no corresponde a la solicitud de refugio.
Por este mismo motivo, según los datos de la Dirección de Migración la Comisión de Visas Restringidas y Refugio rechaza en promedio 9 de cada 10 trámites presentados y el índice de aprobación es tan solo del 6%.
Cifras en aumento
El lunes anterior fueron alrededor de 1000 personas adultas las que acudieron a hacer la solicitudes de refugio y de ellas, Migración otorgó citas para atender 200 personas por día y 600 para personas que pertenecen a grupos con familias con personas menores de edad, o que requieren algún tratamiento especial por la Ley 7600.
Estas solicitudes deben de ser analizadas por la Migración y Extranjería, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Interpol y apegados a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Gobierno niega crisis migratoria
Pese a que las autoridades del Gobierno han sostenido que no existe una crisis migratoria, la cifras en los últimos días pasaron de 88 en total en el mes de mayo a unas 2500 en el mes de junio hasta el pasado viernes 22 de junio, más las 1300 de esta mañana.
El Gobierno ha dicho que no consideran que haya una crisis hasta el momento, dado que el país ha atendido poblaciones de migrantes muchos más grandes, como ocurrió con la oleada de migrantes Cubanos, en el 2015, que según la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, fueron 8000 personas en el 2015 que recibieron atención.
La directora de Migración y Extranjería indicó el martes anterior en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que las personas que tienen trámite de residencia, madres de costarricenses o incluso de residencia aprobada y que no necesariamente tienen peligro de persecución en su país de origen.
“Las personas que acudan a pedir una solicitud de refugio tienen que ser personas que tengan un temor fundado y que puedan demostrar que su vida corre peligro”, agregó.
Vargas también explicó que la solicitud de refugio no se le puede negar a ninguna persona hasta que se haya realizado el estudio y análisis por parte de la debida Comisión.
El Ministro de Seguridad Michael Soto, indicó el mismo martes que la entrada de inmigrantes ilegales por “puntos ciegos” de la frontera era “mínima y normal” y que, por lo tanto se podía interpretar y reafirmar que las solicitudes de refugio en Migración tiene que ver con los que ya residen en el país.
En Nicaragua, miles de ciudadanos siguen manifestándose en las calles en protesta del Gobierno de Daniel Ortega, luego de que el pasado 16 de abril, se aprobara una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que consideraba un aumento en la cuota que debían de pagar los trabajadores. Las medidas del gobierno ante las manifestaciones ya cobran más 200 vidas en los últimos dos meses.
