País Vía mociones en plenario

MEP y Conapdis confían en diputados para devolver dineros que quitaron en presupuesto extraordinario

Presidenta de la Comisión de Hacendarios que dictaminó y recortó gastos solicitados dice que fue un caso de "mala presupuestación" del Gobierno

Dos semanas después de dictaminar el tercer presupuesto extraordinario, los mismos diputados de la Comisión de Hacendarios acomodan el tercer presupuesto extraordinario para cobijar las instituciones que demandan recursos para poder terminar el 2020.

Los cambios, según adelantaron diputadas de esa Comisión, se harán hasta que el proyecto llegue a plenario.

Las instituciones afectadas por el dictamen son, entre otras, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), programas del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura y Sinart.

El dictamen rechazó darle dinero a estas instituciones de un fondo de ¢51.000 millones que se creó con el cambio de deuda, por medio de empréstitos empresariales.

El viernes 9 de octubre, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) advirtió que la pérdida del MEP dejará sin pago los aguinaldos del 2020 y el salario escolar correspondiente al año 2021 de los funcionarios de educación.

No obstante, en una circular, MEP dice que el salario escolar está seguro, en el presupuesto ordinario del 2021.

Por otro lado, corroboraron que la partida de aguinaldo requiere “¢628 millones, a fin de completar el monto total requerido” y que esos millones están en trámite y que “el monto se tomará, previo análisis, de otras partidas del presupuesto del MEP”.

“En el caso del MEP se ha hecho una revisión muy exhaustiva para encontrar, entre un movimiento de partidas, la posibilidad de solventar el faltante. Es decir, vendría del propio presupuesto del MEP, de un reacomodo de partidos”, explicó la oficialista Laura Guido a este semanario. Guido funge como secretaria de Hacendarios.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) explicó que esa moción “está siendo discutida con las y los diputados para definir quienes la desean apoyar”.

Según confirmó la liberacionista Ana Lucía Delgado, también miembro de Hacendarios, que su colega Silvia Hernández (presidenta) mantuvo reuniones con el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y que se confirmó que habrá una moción “donde efectivamente, como responde, sin necesidad de tocar el ahorro de intereses, se hace un esfuerzo para cubrir los requerimientos”.

La diputada Hernández explicó al semanario que “indistintamente de los rubros a financiar, es inaceptable utilizar recursos de alguna forma ahorrados en una mejor gestión de la deuda pública”.

Hernández acusa a “ una mala presupuestación” del faltante que tiene el MEP en aguinaldos porque son “rubros del presupuesto ordinario de la República”.

Es una mala presupuestación que, además, no se vio reflejada para tratar de mejorarse en un primer y segundo extraordinario, sino en este tercer extraordinario, a poco tiempo de tener que hacer frente a esos pagos- diputada Silvia Hernández.

 

La presidenta confirmó que se hizo una aprobación “parcial”, para la contratación de vacunas del COVID-19 (del acuerdo Covax) que es una “eventualidad” y por lo tanto “sí puede estar en una presupuestación extraordinaria”.

Conapdis enfrenta déficit por regla fiscal

Sin la aprobación de los recursos como los pidió Gobierno, el dictamen de Hacendarios también afectó subsidios de Conapdis.

Esta institución afirma que los ¢2.000 millones que se recortaron son, entre otros, contratos con “organizaciones o terceros para que brinden servicios de cuido y apoyos necesarios, alimentación y vestido, complementos” para 2.500 personas. También cubren población sin acceso al bono Proteger.

De acuerdo con declaraciones de la presidenta Lizbeth Barrantes, ese programa tenía ya un déficit por la aplicación de la regla fiscal y que “en años anteriores se venía abarcando con presupuestos extraordinarios con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Ahora, la institución espera revertir la decisión, ya sea con “incidencia” sobre los diputados en plenario o, por otro lado, con una consulta a la Contraloría General de la República, para tomar recursos de superávit.

No obstante, la dificultad de la regla fiscal podría persistir porque la población que cubre el programa continúa creciendo, según dice Conapdis. Por ejemplo, el faltante que existe ahora se originó inclusive en el 2018 “con el egreso de 100 personas con discapacidad psicosocial del Hospital Nacional Psiquiátrico, que pasaron al amparo de Conapdis”.

PAC busca moción para devolver todos los recortes

Según explicó la diputada Laura Guido, están tejiendo una modificación para mantener los rubros de “Conavi, el programa Empleate y Pronae (ambos del Ministerio de Trabajo), la programación del Ministerio de Cultura y Juventud para poder destinar fondos a una iniciativa de rescate del sector e, igualmente, a la CCSS, lo correspondiente a la base mínima contributiva, que termina siendo un subsidio para que los empleadores mantengan la formalidad y el empleo”.

“También lo correspondiente al régimen no contributivo de pensiones (RNC) y el Sinart, por el rol que tiene una función educativa”, afirmó Guido.

De acuerdo con la diputada, se le pidió a Hacienda que busque “vías alternas de atención” porque los presupuestos “han sido sumamente recortados”. El plan es resolver los dineros para el “sector social”.

“No sería razonable pensar que la totalidad del gasto que rechazó la Comisión vendría de un presupuesto nuevo que se alimente solamente de recorte de partidas, porque el espacio fiscal es muy muy limitado. No tenemos capacidad de abarcarlo todo”, dijo Guido a este semanario.

Originalmente, el plan del Ejecutivo incluía traslados de ¢10.000 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); una compensación de ¢8.500 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por la reducción en la base mínima contributiva; ¢2.500 millones para el Régimen No Contributivo de la CCSS; ¢7.000 millones para infraestructura del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); así como ¢3.000 millones para programas del Ministerio de Trabajo y ¢650 millones para el Ministerio de Cultura; ¢500 millones para el Sinart; y ¢600 millones para el Comité Olímpico Nacional.

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