Ningún otro magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia lleva tantos años en el cargo como Jesús Ramírez Quirós, hoy de 77 años de edad, quien ocupa la silla desde 1985.
De hecho, ningún otro magistrado de esa Sala supera los dos años en propiedad en su puesto. En tiempo de gestión, le sigue la jueza Patricia Solano, nombrada en noviembre del 2018. Los otros tres miembros tienen menos de dos meses como titulares.
Esa diferencia la resalta el magistrado Álvaro Burgos como una de las razones por las cuales avaló el nombramiento de su colega Ramírez como presidente de la Sala Tercera, pesar de que este lleva a cuestas una sanción administrativa y una causa penal abierta por haber sido parte de la Sala que desestimó un expediente con prueba falseada en el caso conocido como “cementazo”.
Burgos fue el único magistrado penal que accedió a hablar con UNIVERSIDAD sobre su decisión, luego de que sindicatos exigieran cuentas a esa Sala por elegir “al más cuestionado” como su presidente. Algunos gremios incluso afirmaron que el nombramiento fue “ilegal”, un tema que podría ser discutido este lunes por la Corte Plena.
Sobre la ilegalidad o no de la elección, Burgos prefiere no adelantar criterio, porque la Corte deberá debatir sobre la interpretación y aplicación de algunas normas.
No obstante, el recién electo magistrado sí explica por qué consideró que su compañero Ramírez debía ser el presidente de la Sala Penal.
La primera razón es que Ramírez ya estaba desempeñando ese puesto de forma interina desde meses atrás, justificó Burgos.
“Analicé que durante todos estos meses no se ha realizado ninguna queja de la labor desempañada, sino todo lo contrario. Fíjese que del análisis estadístico de la Sala Tercera se ha demostrado que esta última gestión ha sido la más productiva en los últimos tres años, el último año tuvo un aumento de los asuntos resueltos, tanto en materia de adultos como en materia penal juvenil”, comentó Burgos a UNIVERSIDAD.
Según el recién electo magistrado, con base en la experiencia de cada integrante de la Sala, la otra persona que podía desempeñar el puesto era Patricia Solano, pero actualmente ella ocupa la vicepresidencia de la Corte Plena.
“Los otros tres somos personas que apenas estamos entrando en propiedad y consideré que ninguno delos tres deberíamos asumir en este momento esa responsabilidad sino hasta haber transcurrido algún tiempo en ese clase de labor, sobre todo en mi caso, que es la primera vez, yo nunca había sido magistrado suplente (como Sandra Zúñiga y Gerardo Alfaro)”, agregó.
Burgos también alegó el respeto al “debido proceso” y al “principio de inocencia”.
“Mal haríamos nosotros, desde una Sala Penal que tiene que defender los principios generales del derecho, entre los cuales está el debido proceso, en venir aquí a pisotear el principio de inocencia, es decir, ahí no tenemos a una persona que ha sido condenada por un asunto penal”, indicó.
El magistrado Burgos detalló que durante la sesión en que se eligió a Ramírez se expresaron algunos argumentos a su favor, pero no se mencionó la sanción administrativa de suspensión de dos meses ni la causa penal abierta. Dijo no recordar quién postuló al veterano magistrado.
“No tengo ninguna duda de que fue un voto razonado de parte de todos, no fue un voto improvisado”, añadió. También manifestó que en la magistratura siempre se tomarán decisiones que gusten a unos y a otros no.
“Pero acordémonos que las decisiones de este tipo y las decisiones judiciales en general no se toman por plebiscito popular, sino que obedecen también al leal saber y entender de las personas y, en mi caso, a la Constitución Política y la ley. No hay ningún elemento de la Constitución Política ni la ley que obstaculice el hecho de que en este caso se pudiera nombrar a don Jesús”, agregó Burgos.
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El 1988, un informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico le atribuyó a Jesús Ramírez acciones que habría favorecido la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial.
UNIVERSIDAD intentó hablar con Ramírez este lunes, cuando él se encontraba en la sesión de Corte Plena; no obstante, por medio de una periodista del Poder Judicial comunicó que no tenía el espacio y solicitó enviar las consultas por medio de la oficina de prensa.
