Las magistradas de la Sala III, Doris Arias y María Elena Gómez (suplentes), afirmaron, mediante un comunicado de prensa conjunto, que los magistrados de la Corte Plena no hicieron distinciones de las participaciones de cada miembro de la Sala.
Las juezas fueron suspendidas por dos meses sin goce de salario, junto al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, y el magistrado Jesús Ramírez, por cerrar la investigación contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por supuesto tráfico de influencias a favor del empresario cementero Juan Carlos Bolaños.
De acuerdo con las magistradas, la decisión de la Sala III sobre el expediente del “cementazo” está debidamente fundamentada. “Nuestro análisis y decisión se basaron estrictamente en el conocimiento técnico que nos respalda la larga carrera desarrollada en el derecho penal y cuyos atestados están a la orden de quien interese. En nuestro razonamiento nunca mediaron, median, ni mediarán intereses políticos ni de ninguna otra naturaleza”, manifestaron.
Las juezas alegaron que el proyecto venía sesgado desde la Fiscalía y que el letrado que preparó el proyecto entregó personalmente a cada oficina de magistrados, una copia para su valoración, con la indicación de “urgencia”.
“Los estudios de rastreo telefónico no permiten conocer el contenido de las llamadas. Lo que se observó fue un diagrama de las llamadas, que marcaba una relación entre personas, lo cual no es suficiente por sí solo para determinar la comisión de un hecho delictivo”. Las magistradas aclararon que para ese momento, Juan Carlos Bolaños no era imputado en la investigación y tampoco conocían de su relación con los acusados, porque al respecto no existía prueba sólida en el expediente”.
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