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Magistrada propone intervenir teléfonos de periodistas pese a criterios de Sala Constitucional

Juez dijo que esa es la forma de descubrir quiénes fugan información, pero magistrados constitucionales ya habían condenado este tipo de prácticas

La magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, propuso este lunes intervenir teléfonos de periodistas para conocer si funcionarios judiciales filtran información a la prensa. Esto a pesar de que la Sala Constitucional ya había prohibido los rastreos telefónicos de periodistas y reiterado la protección del secreto a las fuentes.

El comentario de Rojas se dio luego de que la magistrada penal, Patricia Solano, hiciera una rendición de cuentas sobre el trabajo de la Comisión de Enlace Corte-OIJ.

Solano explicó que uno de los temas pendientes se relacionaba con la necesidad de un protocolo para la comunicación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con la prensa. Mencionó que se debe discutir, por ejemplo, el perímetro a acordonar durante los allanamientos o cómo actuar ante el uso de drones por parte de la prensa.

Solano indicó que, en ocasiones, los periodistas llegan a los allanamientos antes que la Policía.

La magistrada Rojas aprovechó la intervención de su compañera de Corte y manifestó: “El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado. Es claro que de acuerdo al (artículo) 24 de la Constitución, habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica, pero me parece que por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y sobre todo si son internas, es del mayor interés público”.

Rojas añadió: “Entonces yo quisiera plantearles, como inquietud, que pensáramos en una reforma de más alto nivel que un protocolo, porque probablemente un protocolo no va a resistir un embate de constitucionalidad, porque la única forma de saber quién está filtrando información es interviniendo y dándole seguimiento a los teléfonos de quienes están en contacto o han participado en estos operativos. La conducta típica ya está sancionada lo que necesitamos es un mecanismo efectivo para concretarlo, porque ningún periodista le va a dar a usted la fuente, va a indicar que es reserva”.

Ante esas expresiones, de inmediato la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, (quien forma parte de la Comisión Corte-OIJ) aclaró que el protocolo en discusión no pretende lesionar derechos protegidos constitucionalmente.

“Solo quería aclarar que el protocolo que estamos tratando de construir se enmarcaría con absoluto respeto al fallo de la Sala Constitucional, es decir, si tenemos un informe de fuga de información, tenemos que investigar a nuestros funcionarios, no a los periodistas ni a las fuentes de los periodistas, sino al revés, en vez de un cruce de llamadas, lo que hay que ver es cuáles funcionaros manejaban la información del operativo y hacer la investigación a través de ellos”.

Hernández dijo que para ese trabajo se busca la asesoría de fuentes externas y construcción conjunta con la prensa “en un diálogo franco y de ninguna manera de imposición o confrontación”.
En el 2014, la Sala Constitucional condenó que el OIJ y la Fiscalía hicieran rastreos telefónicos a un periodista de Diario Extra.

En aquel entonces, los magistrados determinaron que esos rastreos vulneraron la protección que deben tener los periodistas en su labor. Además, la magistrada Hernández resaltó que la protección del secreto a las fuentes es un derecho derivado de la libertad de expresión y prensa.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la protección a las fuentes contiene los apuntes y archivos personales y profesionales.

Los rastreos telefónicos se hacen para determinar con quiénes se comunican las personas, sin que se revele el contenido de la llamada. En cambio, las intervenciones telefónicas consisten en escuchar esas comunicaciones y solo las puede ejecutar un juez por vulnerarse el derecho fundamental a la intimidad.

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