Sin preguntar específicamente del tema, Marcia González da un paso adelante y se adelanta a las dudas en torno a los traslados de privados de libertad, de cárceles cerradas a semiabiertas, el principal dolor de cabeza de la gestión de Cecilia Sánchez y Marco Feoli, que los llevó a enfrentarse con sectores políticos y de la prensa nacional.
La presidenta del Partido Acción Ciudadana pone entre sus prioridades una revisión exhaustiva de los criterios, tiempos de análisis y capacidades del Instituto Nacional de Criminología, el órgano técnico que decide quién tiene las facultades para ingresar a una cárcel semi-institucional, es decir, un centro donde los privados de libertad permanecen de lunes a viernes, con posibilidad de salir los fines de semana.
La preocupación surge tras un ligero aumento en la reincidencia de las personas que reciben este beneficio carcelario, en los últimos dos años. En 2015, solo un 3,8% de la población en cárceles semiabiertas fue devuelta a una prisión cerrada por cometer un nuevo delito; esa cifra en 2017 llegó a 5,8%.
Además, González priorizará la atención sobre la población juvenil de los centros penitenciarios, fortaleciendo los convenios con el sector privado y el INA, con el fin de que tengan mayores herramientas para una reinserción social efectiva.
La abogada, que pronto cumplirá 50 años, desarrolló su carrera en temas sociales, ambientales, así como de participación ciudadana, sin embargo, no cuenta con experiencia en manejo de población penitenciaria. Asegura que tiene un reto enorme a sus espaldas, pero que confía en seguir la línea que trazó la administración de Luis Guillermo Solís.
¿Cuál es su nivel de sintonía con las políticas de Cecilia Sánchez y Marco Feoli y qué vendría a aportar usted?
– Es muy importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que hay un compromiso del nuevo gobierno en el cual, reconocemos lo que se ha hecho en materia de derechos humanos y sobretodo, en bajar los niveles de hacinamiento carcelario, que no obedece a un tema del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, pero que es muy importante que el país cumpla y que no se venía haciendo lo que había que hacer, hay que reconocer la gran labor del gobierno. Sin embargo, el compromiso del Presidente y el mío será hacer una revisión exhaustiva de los criterios que se están utilizando para lo que son los traslados, que han sido cuestionados, así como un fortalecimiento del INC, para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que los privados de libertad que están siendo trasladados no afecten la seguridad de la ciudadanía y que tengan la mayor probabilidad de reinsertarse en la sociedad.
¿En qué consiste este fortalecimiento del INC?
– Es un trabajo conjunto de cerca para poder determinar cómo fortalecerlo de la mejor manera. Creo que la ciudadanía debe tener la certeza de que los criterios técnicos utilizados y las evaluaciones que se están haciendo, así como el tiempo empleado, son los más adecuados. En este momento no puedo decirle si es así o si no.
Mientras unas 10.300 personas entraron a las cárceles el año pasado, solo salieron alrededor de 8.700 privados de libertad. La brecha entre egresos e ingresos es la más alta de los últimos cuatro años. En tiempos de crisis fiscal, ¿qué hacer con esta bomba de tiempo?
– Es muy compleja la situación. Estamos empapándonos en este tiempo. Voy a contar con el consejo de varias personas que han estado en esta cartera y conocen del tema. Mucha gente ve esto como un tema penitenciario. Esto tiene que ver con el proceso penal. ¿Dónde podemos incidir para bajar este número de personas institucionalizadas? Usted tiene razón, en esta situación fiscal en la que estamos, es difícil conseguir los fondos para poder seguir haciendo estos centros de atención institucional. Sin haber iniciado, comenzamos con las conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo para extender el proyecto con el cual se construyeron las tres unidades productivas. Para nosotros en este momento es una meta poder conseguir estos fondos, vamos a tener que hablarlo con Hacienda. Es una coyuntura compleja. Creo que este Gobierno ha hecho un gran trabajo en materia de derechos humanos y en reducir el hacinamiento. Tenemos que trabajar más en eso sin que la ciudadanía se sienta insegura.
El mensaje de este Gobierno ha sido decir: “estamos metiendo mucha gente a la cárcel y deberíamos buscar otras alternativas”. ¿Cuál es su visión con respecto a esto?
– Efectivamente, hay una serie de circunstancias que han coadyuvado para que en los últimos diez años tengamos muchísima más gente en las cárceles.
¿Cuáles?
– Los tribunales de flagrancia, la prisión preventiva. Hay que analizar lo que está pasando, para eso estoy contando con la asesoría de José Manuel Arroyo. Otra gente que está muy cerca y conoce el proceso judicial, para ver cómo podríamos trabajar de manera conjunta y reducir esto.
¿De qué manera va a trabajar con don José Manuel Arroyo?
– Él es uno de los garantes éticos. No va a estar trabajando conmigo, es un asesor. Espero también contar con el consejo de doña Elizabeth Odio y Patricia Vega. En esto tenemos que traer a la mejor gente para encontrar la mejor solución.
¿Ya tiene a sus viceministros?
– Son tres viceministros que tenemos que nombrar, y estamos en eso. Parte del tema de las segundas rondas es que nos deja muy poco espacio para estos procesos.
Usted ha estado enfocada en el tema ambiental y social, ¿ha trabajado con población privada de libertad?
– No
¿Cómo valora este desafío?
– Es un desafío muy grande, cuando yo me estuve formando en la universidad, estuve haciendo mis prácticas en el Ministerio Público, conozco bien el sistema penal, pero por supuesto que no es lo mismo. No tengo reparo en decir que voy a conseguir al mejor equipo técnico que se pueda conseguir. Mis habilidades son más de gestión, conseguir los resultados, los fondos y poner un norte muy claro, que las cosas se hagan. Ese es mi reto. Para mí, es importante, más allá de lo que ha sucedido con la gestión actual, dar énfasis a que en esta gestión quiero trabajar muchísimo con los jóvenes. Todo el tema penal juvenil es prioritario, podemos hacer un trabajo extraordinario de rehabilitación y de resocialización. Buscamos fortalecer, como en la población juvenil y adultos, el tema de formación y darles las herramientas necesarias para que esa reinserción sea lo más positiva. Quiero enfatizar en dar las herramientas laborales, con alianzas con el sector privado, el INA. Educación y trabajo, más que en otras áreas.
Hay unas 700 personas utilizando tobilleras electrónicas como medida alternativa al encerramiento. El mismo ministro Feoli es del criterio de que se necesitan hacer cambios para que tengan mayor utilidad, ¿usted qué opina?
– Apenas estoy empapándome del tema. Le aseguro a la ciudadanía que vamos a trabajar esto de la mejor manera, muy seria y profesional, pero aún necesitamos hacer los análisis correspondientes. Tenemos una fracción legislativa muy comprometida, he tenido conversaciones con ellos para ver cómo llevamos adelante esto.
¿Qué parte de la solución pasa por abrir más cárceles?
– Definitivamente tenemos un problema de hacinamiento, pero también tenemos un problema serio de infraestructura en el módulo A y B de La Reforma, como en San Carlos y en Pococí, pero hay que entender que estamos en una época de una crisis fiscal en donde todos vamos a tener que amarrarnos la faja y buscar soluciones de acuerdo a la coyuntura.
Así piensa el nuevo gabinete:
Epsy Campbell, vicepresidenta y canciller: “Tenemos que respetar las realidades del resto de los países”
Nuevo Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez: “No puede haber pesca de arrastre sostenible, es imposible que eso vaya”
Nuevo Ministro de Educación: El MEP es tan complejo como una ciudad, se gestiona junto a la gente
Nuevo jerarca de la CCSS, Román Macaya: En la CCSS “tenemos que trabajar por una solución que va a ser dolorosa”
Nuevo jerarca de Seguridad, Michael Soto: ‘Bajar los índices de criminalidad no se hace necesariamente con presencia policial’
Nueva jerarca de Turismo María Amalia Revelo: “Tenemos que fortalecer la atracción de más asientos desde EE.UU. y Canadá”