Los representantes y líderes religiosos de Limón criticaron este martes la posición del gobierno en cuanto al tema de cesantía e indemnización de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Caribe (Japdeva) que se plantea en el proyecto para la restructuración de la institución, y que fue presentado al Congreso el pasado 25 de mayo.
La delegación religiosa acudió esta mañana de martes a una reunión en Casa Presidencial que se extendió por más de tres horas. El encuentro ocurre cuatro días antes de que el presidente Carlos Alvarado visite la provincia en el marco de la celebración del día del Negro y la Cultura Afrodescendiente.
En la reunión estuvo presente el presidente de la República, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el segundo vicepresidente, Marvin Rodríguez; quién también es el coordinador y encargado de la región Caribe. Por parte de las iglesias acudió el obispo de la Iglesia Metodista, Heinsley Johnson; el pastor de la Fraternidad de Pastores de Limón, Dennis Barrios; y el párroco de la Diócesis de Limón, Luis Alberto Aguilar.
El pastor de la Fraternidad de Pastores de Limón, Dennis Barrios, cuestionó que el monto que recibiría los trabajadores de Japdeva por indemnización es muy bajo. El proyecto plantea un tope de cesantía de 12 años y una remuneración equivalente a 8 mensualidades de su salario a quienes ganan menos de ₡1 millón y 4 mensualidades a los que ganan más de ₡1 millón.
Durante esta semana el proyecto para la modernización de Japdeva recibirá las últimas modificaciones por parte de los diputados. Mediante la propuesta, el gobierno pretende otorgar a la institución herramientas para la reorganización de la institución ante la entrada en operación de la Nueva Terminal de Contenedores en Moín (TCM).
El gobierno propone reducir la planilla de Japdeva de 1.186 a unos 400 funcionarios, a través de medidas como los traslados horizontales de los trabajadores a instituciones de la administración central y desentralizada o la jubilación anticipada. Sin embargo, el Ejecutivo plantea que si aún con estas medidas tiene más personal de la que necesita para tener el equilibrio de la institución, está obligada a despedir gente.
Según la presidenta Ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, la institución tiene una entrada de ₡800 millones mensuales pero gasta alrededor de ₡2.500 millones.
Además del tema de Japdeva, los líderes también trasladaron al gobierno su inquietud con el tema del desempleo en la provincia, que según la última encuesta Continua de Empleo del cuarto trimestre del 2018 arrojaba un 12% de desempleo en la región Huetar Caribe, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
“Sabemos que el pueblo limonense se ha sentido abandonado. Nuestra intención es comentarles cuál es el trabajo que estamos haciendo en Limón en un entorno especialmente complejo. Queremos mostrar que estamos trabajando y hacia dónde vamos”, expresó el presidente Carlos Alvarado.
El secretario general del sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap), Antonio Wells, desde ya advierte que recibirán al presidente Alvarado con manifestaciones pacíficas por la situación de la institución y la problemática que aqueja a la provincia.
Durante su administración, Alvarado ha sostenido distintos encuentros con líderes religosos, como el del pasado 26 de julio, cuando acudió a una jornada de oración con la iglesia evangélica en el Templo Bíblico Internacional. También se reunión el pasado 3 de julio representantes de la Iglesia Católica en la Casa Arzobispal para conversar sobre la Mesa Social Multisectorial.
