A pesar de que la mitad del país apoya la huelga que realizan empleados públicos desde el lunes 10 de setiembre, el respaldo no es el mismo con respecto al reclamo principal del movimiento: la mayoría de los costarricenses se opone a que se rechace por completo el plan fiscal que se tramita ahora en la Asamblea Legislativa.
Ocho de cada 10 personas afirma haber escuchado sobre la crisis fiscal del país y, de estas, 65% prefiere que la salida al conflicto sea pausar el trámite legislativo para renegociar. Solo el 21% de los encuestados rechazaría de plano la reforma fiscal como han pretendido hasta ahora los sindicatos y una minoría compuesta por el 14% considera que debe aprobarse ese proyecto tal cual está.
Esos datos se complementan con la preocupación que siente la ciudadanía por la coyuntura actual del país, pues entre quienes han escuchado sobre la crisis fiscal, ocho de cada diez consideran que esta es “muy grave”.
Estas opiniones ciudadanas fueron recogidas en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación.
El estudio se basa en 723 entrevistas a costarricenses mayores de 18 años, por medio de teléfono celular, y tiene un margen de error de 3,6 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo de cada cifra.
La medición muestra a una ciudadanía consciente de que se deben tomar acciones para salir de la crisis fiscal, no obstante, más del 90% de las personas que conocen sobre la crisis fiscal consideran que cualquier respuesta debe contemplar medidas de contención del gasto público, así como la aprobación de nuevos impuestos a las personas que tienen más ingresos.
El Gobierno ya había aplicado medidas para contener el gasto público, pero estas han sido insuficientes para sanear las finanzas del país.
Según la encuesta del CIEP, casi la mitad de la ciudadanía (45%) cree que los sindicatos deben continuar con la huelga y el 24% opina que deben suspenderla.
Precisamente, a inicios de esta semana varios diputados de los partidos opositores Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN) comentaron su anuencia a pausar el proyecto de ley siempre que los sindicatos depongan el movimiento de huelga.
No obstante, el proyecto de ley sigue su trámite en el Congreso, mientras se encuentra en la última etapa en la que se pueden realizar cambios antes de ser votado.
Pero el movimiento de huelga sí logró que, desde este miércoles, el Gobierno y los representantes sindicales se sentaran a dialogar, con la mediación de la iglesia católica.
Sin embargo, actualmente la Asamblea desarrolla sus sesiones ordinarias, en las que el Ejecutivo no tiene mayor injerencia, por lo que cualquier medida con respecto al plan de ley (que se tramita por vía rápida) requerirá necesariamente de la colaboración de legisladores.