La muerte de un preso activa el temor a COVID-19 en las cárceles

Casi 100 presos y 100 funcionarios se han enfermado, pero las autoridades apuestan todo a los acomodos internos y a los protocolos sanitarios para que no haya un contagio masivo.

Juancito, como le llamaban sus compañeros de módulo, tenía 67 años y cumplía condena en la cárcel Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela, donde se contagió del COVID-19 que le provocó los ahogos con que el 6 de agosto salió en ambulancia hacia el hospital, dos días antes de morir y ser la primera víctima fatal el virus en el sistema penitenciario del país.

“Lo bueno”, dice la viceministra de Justicia, es que él sí recibió la atención de salud oportuna, aunque no bastó para curarlo de la enfermedad de la que se contagió tres meses después de que las autoridades evaluaron si podrían pasarlo a un régimen abierto y al final lo descartaron.

Era, hasta este 11 de agosto, el único privado de libertad que perdía la vida por el coronavirus en Costa Rica, pero el miedo queda ya instalado. 172 internos y 120 trabajadores del sistema carcelario han sido diagnosticados mientras las autoridades se mantienen en alerta por la posibilidad de brotes masivos.

La vulnerabilidad de las cárceles no es un problema particular de Costa Rica, pero aquí hay elementos que obligan a poner la mirada sobre un sistema que aloja casi a 16.000 personas en este país colocado en el top 25 mundial en tasa de prisionalización, con casi 300 por cada 100.000 habitantes.

Con un hacinamiento de 27% y sin planes de sacar de la cárcel en cantidades significativas a los privados de libertad, las autoridades le apuestan a un protocolo sanitario que hasta ahora no ha impedido la propagación del virus en esta población cautiva.

“Esperamos un brote importante en el sistema si no se cumplen las medidas de manera estricta. Ahora tenemos tres centros con una cantidad importante de casos positivos, pero estamos trabajando para aplicar los protocolos y evitar un contagio masivo”, explicó a este semanario Diana Posada, viceministra de Gestión Estratégica en el Ministerio de Justicia.

El temor en los reclusos y sus familiares, sin embargo, ya está activado. Lo dicen por separado familiares de presos de distintos centros. “Mi papá está bajoneado. Me dice que está preparándose porque ya tiene síntomas como dificultad respiratoria y falta de olfato, aunque no le han hecho la prueba, y así están muchos en su módulo”, dijo la hija de un hombre que cumple condena desde hace un año en la prisión de San Sebastián, San José.

“La gente aquí está asustada. El movimiento que hacen es sacarlo a uno, pero solo cuando ya hay síntomas. Lo revuelven a uno a otro lugar y lo sacan al hospital si uno se pone grave. Al menos yo tengo 62 años y un EPOC, pero no acepto el delito y por eso no me dejaron ir a casa. Si me agarra eso, me mata, pero acá estamos ver qué hacen con nosotros, muy preocupados”.

En ese centro penitenciario había 40 casos positivos hasta este martes 11 de agosto (8 diagnosticados y 32 por nexo), pero el hombre el lunes aún esperaba los resultados de otros casos sospechosos. La disponibilidad de pruebas tampoco es alta, explica la viceministra Posada. A fin de cuentas los recursos son limitados para todo el sistema sanitario y la propagación del virus es generalizada en el Gran Área Metropolitana (GAM), lo que hace que la cifra nacional de contagios de COVID-19 supere los 25.000 casos en esta semana, con más 250 fallecidos.

La situación en las cárceles llamó la atención de la Defensoría de los Habitantes, quen desde el 7 de agosto expresó “duda de que la toma de medidas por parte de las autoridades penitenciarias y sanitarias estén siendo oportunas, suficientes y coordinadas”.

La Defensoría de los Habitantes, por eso, pidió al Ministerio de Justicia informes sobre las condiciones de salud y las medidas sanitarias, así como un estado de la situación de la capacidad instaladas de los centros penitenciarios para alojar con seguridad a la población privada de libertad actual.

Hasta ahora las autoridades penitenciarias han evitado medidas de alto impacto de excarcelación, indultos o traslados a modalidades abiertas, como se ha hecho en algunos otros países.

“Pasar a estas personas a un régimen semi institucional abierto es algo que exige tener mucho cuidado. En seis meses se ha valorado unos 500 casos y se ha aprobado a 194, pero esto tiene que hacerse según las condiciones de inserción social, no puede verse como un riesgo social. No es una decisión a la ligera”, dijo la viceministra.

194 casos es una cifra ínfima considerando el tamaño de la población interna. Solo en la cárcel Gerardo Rodríguez entran entre 10 y 20 diarios, con lo cual se reducen las posibilidades reales de abrir espacios para evitar los hacinamientos y bajar el riesgo de contagios.

La situación actual provoca tensiones adicionales que se han reflejado ya en al menos dos amotinamientos. “Reclamos algunas personas que tienen temor a enfermarse”, reconoce la viceministra.

Pero no solo los internos tienen miedo. El peligro es igual para los trabajadores del sistema penitenciario, algunos de los cuales hasta han tenido que cumplir la cuarentena en el centro donde trabajan. “No es eso lo ideal, pero era una manera de controlar la trazabilidad de los contagios posibles”, justificó la jerarca después de reconocer que ha habido inconformidades de los trabajadores.

Mientras el virus sigue circulando por pabellones y módulos. Se han suspendido las actividades recreativas, formativas y académicas dentro de los centros. Las visitas quedaron canceladas desde el mes de marzo y todo suma a la tensión interna.

“La situación podría ser peor. Claro que Justicia tiene responsabilidad, pero también los jueces que siguen enviando a prisión preventiva”, la causa por la que llegan a prisión cinco de cada seis internos, señala Marco Feoli, abogado y ministro de Justicia en el gobierno anterior.

Sin un ambiente popular que aplauda la posibilidad de medidas de egreso en cantidades considerables o recurrir a formas como las tobilleras o prisión domiciliaria, el éxito depende de la eficacia de los protocolos sanitarios. “Hay una situación comprometida y el Estado se puede exponer a una demanda si, por ejemplo, se logra establecer una relación de causalidad en la muerte de ese señor”, agrega Feoli.

Las tensiones entre instituciones ya afloran también. El Poder Judicial hizo público este lunes que hay decenas de personas presas en las cárceles que tienen para aprehensiones temporales, pues el Ministerio de Justicia alega que ya no tiene capacidad de seguir aceptando nuevos ingresos y los jueces siguen dictando medidas de prisión independientemente de la pandemia.

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