Los alegatos del expresidente Óscar Arias, opuesto a la acumulación de expedientes en el caso Crucitas, fueron rechazados por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y por lo tanto, ya hay fecha para recibir tanto a Arias como al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, así como a otras seis personas involucradas en el caso.
Así consta en una resolución de este jueves 29 de noviembre, en donde se estableció que los acusados por el supuesto delito de prevaricato deberán rendir cuentas entre el 17 de enero al 7 de febrero próximos, según confirmó la misma Fiscalía. En esta audiencia se definirá si es necesaria o no la apertura de un juicio contra el expresidente.
El juzgado argumentó que la defensa de Arias sobre el supuesto “perjuicio” por la acumulación de expedientes, no es tan evidente, ya que se trata de causas relacionadas y conexas donde se tratan los mismos hechos, hay pruebas comunes y se encuentran en la misma etapa.
Por esta misma situación, Arias interpuso un recurso de amparo contra la Fiscalía General ante la Sala Constitucional, la cual anunció el pasado 14 de noviembre que lo admitió para estudio. En ese recurso, los abogados del exmandatario piden que el proceso se devuelva a su etapa preliminar, tras alegar que los derechos fundamentales de Arias fueron violados
La causa
Al expresidente Óscar Arias se le señala por firmar en 2008 un decreto que declaró de “interés público y conveniencia nacional” el proyecto de minería a cielo abierto “Crucitas”, en donde se argumentó que la explotación de oro beneficiaría a la comunidad de San Carlos.
La mina estaba programada para desarrollarse en la localidad de Cutre de San Carlos, a cargo de la empresa Industrias Infinito, no obstante el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión en noviembre de 2010.
Por este mismo caso había sido condenado Roberto Dobles, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia.
A finales de agosto pasado, la fiscala general, Emilia Navas presentó una acusación penal contra Arias, por el supuesto delito de prevaricato, el cual comete una autoridad pública a través de una decisión arbitraria, contraria a la ley. La pena por este delito oscila entre los dos y seis años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal.
