El Ministerio de Justicia busca reducir en un 60% el presupuesto que destina para pagar el seguro de los privados de libertad ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de usar esos recursos en la compra y administración de brazaletes electrónicos, así como en infraestructura que atienda el hacinamiento carcelario.
Esta maniobra podría poner en peligro la atención médica que reciben los privados de libertad o inclusive podría generar una situación de morosidad con la CCSS, no obstante, Justicia alega que en ningún momento se busca afectar a los privados de libertad. Hay una obligación constitucional de asegurar a estas personas y esta solicitud genera dudas entre los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En el trámite del presupuesto ordinario para este año se otorgaron ₡9.066 millones para el pago de seguridad social de los reos. Por otro lado, se apartaron ₡2.000 millones para la vigilancia electrónica.
Esta última cifra es tres veces menor a los ₡6.000 millones otorgados en 2018 para un departamento que este año debe comprar más brazaletes y atender a una mayor cantidad de privados de libertad.
Ahora, por medio de una maniobra extraordinaria que necesita del aval de los diputados de la comisión, Justicia busca meter mano en el presupuesto de seguro social para trasladarlo a la Oficina de Monitoreo Electrónico.
Este es el primer año en que Justicia se encarga de administrar el dinero de las cuotas del seguro social de los privados de libertad; anteriormente fue gestionado por el Ministerio de Salud.
De los ₡6.000 millones que se le buscan quitar al aseguramiento de privados de libertad, se extraerían ₡4.000 millones para tobilleras electrónicas y ₡1.746 millones para la construcción de infraestructura penitenciaria para atender órdenes sanitarias y de jueces de ejecución de la pena. Los restantes ₡254 millones se destinarían a la atención de proyectos agroindustriales así como al proyecto Construyendo Oportunidades, que le brindan empleo a reos en las distintas cárceles.
Esta medida, de aprobarse, dejaría apenas unos ₡3.066 millones para la atención de reos en la CCSS. Solo en 2017 se liquidaron unos ₡7.600 millones por este rubro.
Imprevistos y readecuaciones
Tras una consulta de UNIVERSIDAD al viceministro de Gestión Estratégica y encargado temporal de asuntos penitenciarios, Fabián Solano, el jerarca afirmó que se encontraron con una alta subejecución de los recursos de vigilancia electrónica el año anterior, esto porque se trataba de una ley en proceso de implementación, pero que hoy, debido a las órdenes de los jueces, requiere de recursos que no se presupuestaron.
“Es muy difícil saber cuántas personas van a estar sujetas a tobillera. Cuando fuimos a defender el presupuesto de Justicia en la comisión no teníamos idea de cómo se comportaba el tema del monitoreo electrónico. Esto no está en control del ministerio, sino de los jueces. En los próximos meses vamos a tener un faltante en monitoreo electrónico, y vamos a requerir fondos”, dijo Solano.
Según los cálculos de Justicia, el programa de monitoreo se quedaría sin recursos para mayo. Actualmente unas 1.166 personas utilizan una tobillera electrónica, sin embargo, si el ritmo de crecimiento actual se mantiene, esta cifra podría llegar a 1.445 en abril próximo.
El viceministro afirmó que están trabajando en un mecanismo de análisis para ver cómo se puede cuantificar el pago a la Caja, de manera que no se entre en morosidad con la entidad y que no se afecte la atención a los privados de libertad.
“Estamos trabajando en una serie de medidas para disminuir la atención de la Caja para privados de libertad. Hay muchas cosas que podríamos brindar en nuestros centros médicos, que están en cada centro penal. Queremos tener el cálculo más justo, si podemos trabajar mediante un convenio o una tarifa diferenciada, en buena hora, porque estamos ajustados de presupuesto”, comentó, y agregó que si en algún momento se necesita más dinero para el aseguramiento, se buscará la manera para garantizar esos recursos.
Solano alegó que prefiere pagar un costo político en este momento en lugar de llegar a diciembre con una sobreejecución de ₡10.000 millones. También destacó el uso de tobilleras electrónicas como una medida efectiva y necesaria para que los reos puedan estar cerca de sus familias, trabajar y así procurar una adecuada reinserción social.
Las críticas
Para la diputada liberacionista Silvia Sánchez, es inaceptable que un jerarca desconozca cuánto se tiene que trasladar a la Caja. La presidenta de la Comisión de Hacendarios asegura que el pago de cuotas a la CCSS son de resorte ordinario, como el pago de salario escolar.
“Usted no puede meter en presupuestos extraordinarios acciones que son ordinarias. ¿Cómo se van a tomar recursos de una partida, que es de carácter legal, como las cuotas de la Caja, para una compra de brazaletes? Me preocupa la mora con la Caja. Lo que se llamó en 2018 un presupuesto austero realmente no era y ahora requieren volver a inyectar los 4.000 millones que se quitaron y ahora inyectarlos a esa partida”, comentó.
En junio anterior, Justicia celebró la reducción del presupuesto 2019 en ¢5.766 millones, sin embargo, dentro de esas rebajas no se contempló una reducción en el presupuesto de vigilancia electrónica. En comunicado institucional se destacó que la ministra de Justicia, Marcia González, renunció al cobro de pluses salariales. Sin embargo, UNIVERSIDAD encontró que para ese momento González no podía ejecutar el cobro de todas maneras, ya que se encontraba desafiliada al Colegio de Abogados. Es decir, no podía renunciar a algo a lo que no tenía derecho en un principio. Tras la consulta de este medio, el Ministerio de Justicia confirmó que la jerarca estaba desinscrita desde 1994 y fue hasta el 9 de julio de 2018 que quedó en firme su reincorporación.
“¿Fue realmente el presupuesto de la República para este año austero o respondió a recursos que no se pusieron adrede para mover vía decreto lo que no se puede?”, agregó la diputada Hernández.
La Comisión de Hacendarios citó para la próxima semana a Marcia González así como al jerarca de la CCSS, Román Macaya. Debido a una norma implementada a partir del año anterior, el Gobierno debe obtener el aval de los diputados para mover recursos de una partida presupuestaria a otra.
Nota del redactor (24/01/18 – 7:45 p.m.): Una versión previa de esta nota consignó por error que este es el segundo año en que a Justicia se le delegó la gestión del presupuesto de seguro social de los privados de libertad, cuando en realidad es el primero.
