El Ministerio de Justicia dio marcha atrás en su plan de no tramitar salidas urgentes a los reos con arresto domiciliar con tobillera electrónica y ahora acatarán las medidas correctivas de los jueces, quienes notificaron personalmente a Isabel Porras, viceministra de Justicia, por incumplir con el reglamento penitenciario.
En un inicio, Porras, amparada en un criterio legal del ministerio, ordenó que los permisos para ir al hospital, colegio, pago de servicios o trámites básicos, dejaran de ser resueltos por Justicia y fueran responsabilidad de los juzgados de ejecución de la pena.
Sin embargo, los jueces alegaron que esos permisos tomarían varios meses, por lo que Justicia debía acatar el reglamento vigente, que le otorga esta facultad a la administración penitenciaria.
Lea también: Permisos a reos con tobilleras electrónicas se estancan tras decisión de Justicia
Tras negarse a cumplir la orden de los jueces, la viceministra Porras fue notificada personalmente el pasado 30 de mayo por los jueces de ejecución de la pena del Primer Circuito Judicial de San José, Roy Murillo y Román Matamoros, para que en casos de este juzgado “todo permiso urgente de salida -de carácter provisional y urgente por su naturaleza, que no pueda esperar el promedio de tiempo que lleva la firmeza de una resolución judicial- deberá ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa”.
“Los permisos y salidas estaban siendo direccionadas al despacho, al juzgado de ejecución. No estaban aplicando el reglamento. No hicieron caso, entonces hubo que notificar”, comentó Matamoros.
Tras recibir la notificación, Justicia comunicó a su Unidad de Vigilancia Electrónica y al Instituto Nacional de Criminología, para que en los casos de privados de libertad de ese juzgado, “todo permiso urgente de salida se deberá conocer y resolver por la unidad administrativa”.
Pese a esto, el Ministerio de Justicia insistirá un criterio técnico a su departamento jurídico, el cual recomendó la derogación de los incisos d y f del artículo 434 del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, los cuales, a su criterio, son contradictorios de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal. Los incisos tienen que ver con el procedimiento de alerta en caso de que un privado de libertad salga del perímetro establecido, así como cuando se sale por una razón justificable.
Tras consultar con su departamento legal, el Ministerio de Justicia inició el proceso para derogar los incisos de este artículo. De acuerdo con el juez Román Matamoros, tras notificar a la viceministra, se le comunicó que Justicia prepara un decreto para corregir los contenidos reglamentarios.
Este miércoles, la ministra de Justicia, Marcia González, así como la viceministra Isabel Porras, se reunirán con defensores públicos, jueces de ejecución de la pena y con funcionarios de la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos, para abordar los pormenores y la coordinación en esta materia.
Los atrasos
El pasado 29 de mayo, este medio informó sobre una serie de casos de privados de libertad afectados por esta discrepancia entre jueces y Gobierno. Por ejemplo, el de un padre de familia que no pudo salir de su casa para solicitar una beca del IMAS a su hijo, así como el de un joven que trabajaba en instalación de mallas y, de un día para otro, no pudo salir a trabajar.
Costa Rica inició el mecanismo de arresto domiciliario con vigilancia electrónica desde el 27 de febrero del año anterior, utilizando tobilleras para unas 270 personas en su primera fase.
Actualmente existe un proyecto de ley con una serie de correcciones, una vez que se avanzó en la experimentación de una tecnología que nunca antes se había usado en el país.
Al detectarse que la primera ley no contemplaba los casos de los permisos laborales, ni las acciones a tomar en caso de incumplimiento, se envió otro proyecto a la Asamblea Legislativa, que aún no llega a buen puerto.
