La nueva junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR) encontró los audios de sesiones de la anterior administración, que fue destituida por Luis Guillermo Solís por una serie de omisiones en el otorgamiento de un crédito millonario al empresario cementero Juan Carlos Bolaños.
Los audios, que previamente se creían “destruidos”, se lograron recuperar de un segundo servidor y se pusieron a disposición de la Fiscalía desde el 1° de diciembre pasado.
“La junta directiva, desde el primer día que asumió funciones, ha estado en la mayor disposición de colaborar con el Ministerio Público y con las autoridades en general, por lo que hemos establecido todos los mecanismos para garantizar que esto sea así y se llegue hasta las últimas consecuencias con quienes resulten responsables ante cualquier delito que pueda haber sido cometido en contra del banco”, dijo Abel Salas, presidente de la junta directiva.
La anterior junta directiva, encabezada por Paola Mora y conformada por Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina, Alberto Raven, Gustavo Arias y Ronald Solís, fue blanco de cuestionamientos de la Sugef, que señaló omisiones y errores en la gestión con Bolaños.
Un informe de la Sugef que señalaba errores de comunicación y en la gestión de gobierno corporativo, motivó al presidente Luis Guillermo Solís, a destituir a todos sus integrantes (Arias y Solís renunciaron voluntariamente).
Además, durante las comparecencias ante los diputados que investigan el caso del “Cementazo”, el secretario de actas Villegas, afirmó que una de las actas se modificó luego de ser aprobada en firme, con el fin de ocultar un pronunciamiento de Raven en contra del préstamo a Sinocem. El directivo también figura en la directiva de Holcim, empresa competidora de la importadora de cemento chino.
Las gestiones se dieron a raíz de la investigación que lidera la Fiscalía, luego de detener al gerente general Mario Barrenechea así como a cinco funcionarios del bloque gerencial, el pasado 3 de noviembre.
La Fiscalía tiene a Barrenechea y a los otros funcionarios como sospechosos del delito de peculado, el cual lo comete “el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo” o “el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”. Este delito tiene un castigo de tres a 12 años de prisión.
