El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó el cierre técnico de la Unidad de Atención Institucional Reynaldo Villalobos, una cárcel modelo creada en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que recibía a un perfil específico de privados de libertad y los preparaba en nuevos espacios de trabajo y estudio para una reinserción efectiva a la sociedad (según se planteó en un inicio).
La orden del juez Juan Carlos Alvarado implica que el Gobierno no puede ingresar más camarotes extra a los dormitorios, como así lo ha hecho en los últimos meses para aumentar la capacidad del centro y disimular el alto hacinamiento carcelario. También, el Gobierno deberá sacar los camarotes extra que metió en cada uno de los dormitorios y trasladar de inmediato a unos 164 privados de libertad a otras prisiones del país.
La jueza Monique Charpentier y el defensor público Danicio Fernández visitaron el centro penitenciario y constataron que hay camarotes de más en cada dormitorio. Fernández dio cuenta de la sobrepoblación, así como de actos de violencia sexual e intrafamiliar, así como dependencia a las drogas.
Se trata de un centro penitenciario que costó alrededor de ₡12.200 millones, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El crédito se otorgó con la condición de seguir una serie de reglas que la distinguían de otras cárceles: mayor libertad de movimiento, dormitorios menos poblados y recibir a un perfil específico de privados de libertad, por ejemplo, a personas que les falte cuatro años para egresar y que voluntariamente se sometan a la atención diferenciada de ese centro.
Esta cárcel inicialmente fue construida para recibir a 704 personas, sin embargo, una revisión del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, constató que a mediados de julio, reunía a 868 privados de libertad, esto representa un hacinamiento del 23%.
“Quitaron una mesa que había en el centro de cada dormitorio y metieron un camarote. Las unidades de atención integral pasaron a ser centros penales. La finalidad de las unidades de atención integral que creó la exministra Cecilia Sánchez se perdió”, dijo el defensor público Danicio Fernández.
La Defensa Pública también alegó que las autoridades penitenciarias incumplen en la atención profesional y el abordaje técnico. Además, señalan que existen preferencias sobre algunos privados de libertad de la UAI Reynaldo Villalobos.
El Juzgado de Ejecución de la Pena también ha resuelto quejas interpuestas por privados de libertad, una de ellas, de un hombre que lleva un año y cuatro meses ahí y no ha podido completar proyectos de rehabilitación de drogas y de habilidades para la vida.
El caso se ha repetido con otros privados de libertad, que han tenido que acudir al Poder Judicial para conseguir lo que la administración no está cumpliendo.
¿Cómo se hizo?
Con la llegada de Carlos Alvarado al poder y el aumento de la población penitenciaria, la ministra de Justicia, Marcia González, se abocó a exceder la capacidad de este y otros dos centros modelos, al agregar camarotes extra en espacios donde se presupuestaba una cantidad inferior, lo que ocasiona un hacinamiento en un inmueble que desde su concepción fue hecho para garantizar mejores condiciones de vida.
En agosto del año anterior, una circular del Instituto Nacional de Criminología cambió los requisitos para recibir a privados de libertad en cárceles modelo. Ahora se permite que más personas puedan entrar a estas prisiones, y el ingreso ya no es voluntario, como se estableció en un inicio.
De hecho, este martes la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, llamó la atención sobre la situación de hacinamiento en la cárcel modelo de Pérez Zeledón, llamada UAI Pabru Presbere.
El Gobierno reportó en mayo anterior que la UAI de Pérez Zeledón tenía una sobrepoblación del 20%, mientras que la diputada Monge afirmó que en su visita del lunes anterior habían 320 privados de libertad en un lugar planificado para 250.
UNIVERSIDAD intentó conversar con la ministra Marcia González, pero afirmó que no podía contestar en ese momento y que el Ministerio de Justicia tendrá una respuesta este jueves.
Este medio también pidió desde el pasado 23 de julio un documento con las cifras de hacinamiento carcelario, segmentado por prisión, sin embargo, “el encargado no estaba el miércoles” y otra persona tampoco pudo resolver.
