Juez interpone recurso de amparo contra diputados por excluirlo de concurso para magistrado

«Los diputados están haciendo un traje a la medida», dijo Enrique Ulate, quien obtuvo calificaciones altas en concursos anteriores.

El juez del Tribunal Agrario, Enrique Ulate, interpuso un recurso de amparo contra los diputados de la Comisión de Nombramientos, por excluirlo del concurso para magistrado de la Sala Primera, el tribunal que ve resoluciones contencioso administrativas, temas comerciales y agrarios en última instancia.

Ulate fue descartado del concurso por no presentar una declaración jurada donde certifique que no pertenece a ningún partido político. Según su criterio, los funcionarios judiciales ya tienen una prohibición legal y constitucional expresa en ese sentido, por lo que el requisito es innecesario para quienes trabajan en el Poder Judicial, como es su caso.

La comisión alegó que “solamente serán evaluados los atestados de las personas postulantes que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos exigidos”.

El juez afirma que los diputados lo sacaron del concurso antes de hacer la evaluación de atestados, donde considera, se evidenciaría que es el juez mejor preparado. El juez obtuvo una de las calificaciones más altas en el concurso para magistrado de Sala Constitucional, según una evaluación paralela que hizo un panel independiente de expertos. Aún así, el puesto lo obtuvo otro postulante.

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Ulate considera que los diputados están “haciendo un traje a la medida” en el concurso de Sala Primera. 

“Hay detalles en la metodología que lo hacen a uno ver que quieren favorecer a una persona. Las publicaciones que toman en consideración las reducen a los últimos cinco años. Yo escribí un tratado de derecho agrario de 1998 a 2001, son tres libros de 1.500 páginas y otras publicaciones. ¿Por qué no valoran los atestados de todas las publicaciones? Piden lo que había sido inusual: experiencia en cuestiones gerenciales. ¿Quién tiene una especialidad en cuestiones gerenciales?”, se quejó.

Apoyo

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) respaldó a Ulate y por eso presentó una coadyuvancia ante la Sala Constitucional para apoyar el recurso planteado por el juez.

“Se trata de un criterio legislativo arbitrario que atenta contra los estándares internacionales de independencia judicial y refleja la opacidad en el sistema de elección de magistrados y magistradas”, afirmó Acojud mediante un comunicado de prensa.

La asociación reiteró que el caso de Ulate ejemplifica la urgencia de reformar el proceso de nombramiento de los jueces de mayor rango en el país.

La comisión de Nombramientos está integrada por el liberacionista Luis Fernando Chacón; el diputado del PUSC, Rodolfo Peña; la legisladora de Restauración Nacional, Floria Segreda y su compañero de bancada Carlos Avendaño. Enrique Sánchez, del PAC y el republicano socialcristiano, Dragos Dolanescu también son parte de la comisión.

Este grupo deberá recomendar a una terna de candidatos y la decisión final la tendrían los 57 diputados del Plenario, quienes no están obligados a seguir la recomendación.


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