Cárcel tiene hacinamiento del 81%

Juez frena idea del Gobierno de meter más presos en San Sebastián pese a brote de paperas

Juzgado da diez días a Ministra de Justicia para presentar plan donde deberá reubicar a 469 presos en otros centros en los próximos tres meses. De no cumplir esta orden, se cerraría definitivamente la cárcel de San Sebastián.

El Gobierno de Carlos Alvarado pretendía ingresar más presos a la cárcel de San Sebastián, pese a que este martes Salud emitió una orden sanitaria que se lo impedía, luego de descubrirse que 11 personas de ese centro se contagiaron de paperas. Sin embargo, una resolución del juez de ejecución de la pena de San José, Roy Murillo, cerró todos los portillos posibles.

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El fallo se dio este miércoles por la tarde, horas después de que el Ministerio de Justicia comunicó al centro de una “corrección” enviada por el Ministerio de Salud que avalaba el ingreso de privados de libertad, siempre y cuando no fueran provenientes de otras cárceles. Con este adéndum, el Gobierno abría la posibilidad de seguir ingresando personas al centro, el cual tiene un hacinamiento crítico del 84%.

“El día 15 de octubre, la dirección del CAI San José recibió una orden sanitaria que estipulaba en el punto 3 la “Prohibición de entrada de más privados de libertad al Centro de Atención Institucional San José”. Hoy la dirección del centro médico recibió un adéndum de la orden sanitaria que indica lo siguiente: Prohibición de entrada de más privados de libertad al Centro de Atención Institucional San José provenientes de otros centros penales. Por tal motivo, la recepción de personas privadas de libertad que no provengan de otros centros penitenciarios funciona con normalidad“, contestó el Ministerio de Justicia a través de un correo electrónico, minutos antes de enterarse del fallo judicial que les prohibía abrir este portillo.

Orden del juez Roy Murillo que impide el ingreso de privados de libertad, emitida esta tarde.

El director de Vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín, afirmó que se procedió a “corregir un error” en la orden sanitaria y que “no hubo ninguna intervención política” en el criterio técnico.

“El que hizo la orden sanitaria cometió un error, no podemos cerrar el sistema penitenciario. Hay personas que necesitan entrar y salir, alguien entendió mal. Eso fue lo que se subsanó. Si se permite la entrada de nuevas personas al sistema, los vamos a vacunar y el nivel de riesgo es mucho más bajo. Se le ordenó al Ministerio de Salud cambiar ese punto y solo evitar los traslados desde otros centros.”, dijo Marín.

Marín agregó que en ninguna de las órdenes sanitarias que han emitido en el último mes se exige prohibir la entrada de privados de libertad a los centros penitenciarios.

UNIVERSIDAD intentó obtener la versión de la ministra de Justicia, Marcia González, pero afirmó que “estaba en una reunión con el equipo” y que no podía atender la llamada.

El juez Murillo ordenó al Ministerio de Justicia presentar en un plazo de 10 días un plan remedial para disminuir la población carcelaria a 559 (su capacidad máxima) en los próximos tres meses. “Vencido ese plazo si el centro sobrepasa su capacidad máxima se procederá a la clausura definitiva y cierre del centro penitenciario”, advirtió el juez.

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“La Sala Constitucional ha señalado que el centro puede seguir funcionando si se respeta su capacidad máxima. Lo que está pasando es que se mantiene abierto, no se amplía infraestructura y la población se duplica”, explicó Murillo.

Esto quiere decir que en ese periodo Justicia deberá reubicar a 469 privados de libertad en otras cárceles, de lo contrario, tendrá que hacerlo con los 1.026 que ahora conviven en un espacio con condiciones infrahumanas, según ha denunciado la Defensa Pública.

El brote de paperas ha ocasionado el aislamiento de más de 400 privados de libertad y la vacunación de unas 20.334 personas desde el 11 de setiembre pasado.


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