Jueces ordenan reubicar o sacar a presos con enfermedades de riesgo ante COVID-19

Las órdenes de los jueces se fundamentan en los derechos a la vida y la salud. «La propagación del COVID-19 generaría un contagio masivo catastrófico para toda la población penal», argumentó uno de ellos.

El Instituto Nacional de Criminología (INC) del Ministerio de Justicia deberá valorar a personas privadas de libertad con enfermedades que sean factores de riesgo ante la pandemia COVID-19, con el fin de  reubicarlas en un régimen semiinstitucional (donde pasan unas noches) o sacarlas temporalmente de la cárcel.

La orden consta en “medidas correctivas” dictadas por Juzgados de Ejecución de la Penal para los diferentes centros penitenciarios. En todo el sistema carcelario hay más de 16.000 personas, con un hacinamiento de 30%.

Días atrás el mismo INC había acordado evaluar a personas como mujeres embarazadas, con niños en casa cuna o a mayores de 65 años con factores de riesgo; sin embargo, la instrucción de los jueces amplió la medida a quienes tengan enfermedades que les coloquen en situación de vulnerabilidad.

El 2 de abril, el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez Arguedas, dictó una medida para la cárcel Jorge Arturo Montero Castro (conocida como La Reforma) y para los centros Luis Paulino Mora, Reinaldo Villalobos y Nelson Mandela; así como la cárcel de Adulto Mayor.

En la resolución se ordenó “permitir la valoración extraordinaria para aquellas personas privadas de libertad vulnerables y de alto riesgo en la salud, según criterio médico, en aquellos casos diagnosticados con complicaciones severas por enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes , obesidad mórbida, insuficiencia renal; pacientes inmunosuprimidos como aquellos diagnosticados con VIH, enfermedades autoinmunes, pacientes oncológicos, esclerosis múltiple, bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar, EPOC, y enfermedades obstructivas del pulmón, además enfermedades cardiacas”.

Un día después, los jueces de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo e Irene Barrantes, dictaron una medida similar ante una solicitud de la Defensa Pública.

La orden se dirigió al INC, a Adaptación Social y a los centros penales Vilma Curling (de mujeres) y San Agustín (en Heredia). También a los de régimen semiinstitucional San José, San Agustín, San Luis y La Mujer.

En la resolución se indica que “es necesario, importante y urgente asegurar de forma inmediata todos los procesos necesarios de desinstitucionalización transitoria o provisional por riesgo a la vida de toda la población penal sentenciada cuyas condiciones de salud signifiquen un alto riesgo a su vida”.

Murillo argumentó que se debe considerar la llegada de la pandemia junto con “las limitaciones de la infraestructura carcelaria, las limitaciones de ventilación adecuada, la dinámica y convivencia carcelaria, la ocupación y sobrepoblación carcelaria, donde la propagación del COVID-19 generaría sin duda un contagio masivo catastrófico para toda la población penal”.

Se refirió a la necesidad de evaluar a pacientes con las mismas condiciones de salud que mencionaba la resolución del juez Rodríguez.

También el 3 de abril, el juez Jorge Luis Umaña Jiménez, del Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago, ante solicitud de una defensora pública, dictó una medida correctiva para el centro penal Antonio Bastida de Paz (en Pérez Zeledón) y para la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi.

El juez Umaña pidió a los centros un informe sobre las medidas sanitarias tomadas hasta el momento e indicarle si se ha levantado una lista identificando a las personas con factores de riesgo en la que se tomen en cuenta las enfermedades.

También solicitó se le detalle qué metodología se emplea para las valoraciones extraordinarias (para reubicación o egreso) y si estas se han realizado para personas que estén en más riesgo ante la pandemia.

Todos los jueces otorgaron un plazo de diez días hábiles para el cumplimiento de sus órdenes.

En las resoluciones se mencionan los derechos constitucionales a la vida y la salud.

UNIVERSIDAD contactó a la directora del INC, Jenny Umaña, para consultarle cómo se aplicarían esas resoluciones y si se tomarán en cuenta otros aspectos, como el monto de la pena que cumple la persona, entre otros.

Umaña remitió las consultas a la oficina de prensa, la cual indicó que las resoluciones judiciales se están analizando debido a que se recibieron a finales de la semana anterior.

La semana pasada, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, comentó a UNIVERSIDAD que se habilitaron espacios por si se requiere aislar a alguna persona privada de libertad o incluso a funcionarios.

Además, Justicia prohibió las visitas a los centros penales.

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