Jueces culpan al Gobierno por fallas con tobilleras: «No tienen el personal necesario»

Tras declaraciones de la ministra Marcia González, los jueces afirman que el Ministerio carece de personal suficiente para atender a los usuarios de tobillera electrónica y que envían informes incompletos y deficientes.

Falta de personal, un sistema ineficiente y una mala coordinación entre la policía y la Unidad de Monitoreo Electrónico son algunas de las críticas que los jueces de ejecución de la pena le señalan al Gobierno, como administrador y guardián de 1.515 personas que cumplen una condena mediante vigilancia electrónica.

Las declaraciones se dan un día después de que la ministra de Justicia, Marcia González, repartió culpas por una serie de fallas en el mecanismo de vigilancia que permitió a 21 privados de libertad fugarse y a otros 62 desconectarse hasta por cinco meses.

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De acuerdo con el juez de ejecución de la pena, Mario Rodríguez, la información que envía el Ministerio de Justicia cuando encuentra incumplimientos en el uso de tobilleras es incompleta. «Hay un divorcio entre la policía penitenciaria y el personal técnico. El Ministerio lo que hace es buscar culpables y debería reconocer que no tienen personal», dijo.

Rodríguez se refirió a los datos de González, quien dijo este jueves ante los diputados que una revocatoria de tobillera podía tomar hasta 244 días, y que la lentitud en la respuesta de los jueces era uno de los principales problemas.

El juez replicó y criticó que el sistema no genera reportes automáticos cuando hay violaciones en el uso de la tobillera, sino que solamente emite alertas que obligan a los funcionarios de la Unidad de Monitoreo Electrónico a generar un reporte «a mano». Estas fallas las reconoció la ministra González cuando agregó en su presentación ante los diputados que «no hay un sistema de inteligencia artificial para generar reportes como los que necesita la administración».

«Eso lo tiene que hacer un policía. No es uno o dos reportes, son cientos de informes. Ese proceso es el que dura un montón. A la ministra la asesoraron un poco mal. A uno le da risa lo que dicen allá. Uno les manda a pedir una corroboración de trabajo, de oferta laboral o de domicilio y duran dos meses en enviarlos«, comentó.

Roy Murillo, juez de ejecución de la pena de San José, afirmó que el programa de monitoreo es el peor de todos los que maneja Justicia. «La población está prácticamente abandonada y es un desorden, no funciona como una Unidad de oficio, sino como dos oficinas distintas. Por un lado la de seguridad y por otro la de atención profesional, que de atención tiene muy poco porque es mínima la atención que se da a las y los usuarios», dijo Murillo.

La jueza Odilie Robles también afirmó que el Ministerio de Justicia genera los atrasos más importantes, por la falta de personal y la generación de informes incompletos.

«Sería muy importante para nosotros tener un informe que explique por qué se le descargó el aparato al usuario, que también se pruebe que la policía fue a visitarlo a la casa y no estaba. En cambio, en audiencia viene el usuario con prueba de que se le descargó, traen pruebas de correos y llamadas donde se ve que intentaron comunicarse con la Unidad de Monitoreo Electrónico y nadie les contesta. Tenemos a 1.500 personas manejadas por muy pocas personas», dijo Robles.

Propuesta polémica

Tanto jueces como la administración penitenciaria coinciden en que se debe reformar la ley de vigilancia electrónica a privados de libertad. Este jueves el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi,  afirmó que uno de los cambios que deberían implementarse es el de darle la potestad al Ministerio de Justicia de imponer medidas cautelares cuando encuentre incumplimientos en el uso de tobilleras electrónicas.

«Si el juez considera que la medida cautelar no es correcta, entonces lo regresan a su situación, con las responsabilidades que pueda generar”, dijo Bertozzi.

La propuesta de Bertozzi fue criticada por el juez Murillo. «Se evidencia un desconocimiento de la materia, de las reglas internacionales, del procedimiento penal y de sus obligaciones», dijo.

«Si una persona monitoreada detecta que alguien se quitó el brazalete, ellos no necesitan una orden de nosotros para detenerlo. Ellos lo que no pueden es revocarlo de facto, porque ahí estarían violentando todos sus derechos», dijo Mario Rodríguez.

Rodríguez consideró que la reforma debería impedir que los jueces penales otorguen tobilleras a personas que viven en áreas donde no hay cobertura.

«Se debe mejorar la ley en ese sentido, que se investiguen las condiciones que tienen las personas. Se le han dado beneficios a personas que no tienen lugar donde cargar el monitor. Ahí sí está fallando el Poder Judicial. No solo es que tenga sentencia menor a seis años. El proyecto como tal puede ser muy bueno, pero debe afinarse», concluyó.

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