Los jerarcas del Poder Judicial pidieron a los diputados de la Comisión de Ambiente revisar las penas altas propuestas en el proyecto de ley que busca castigar el robo de combustible.
Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial; Emilia Navas, fiscala general; y Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial comparecieron este martes por la noche ante los legisladores de esa comisión.
“Apreciamos de manera positiva el esfuerzo. Estimamos que nos pueda dar más armas de investigación. Sería conveniente definir un poco más las conductas. Lo que se plantea es un agravante cuando haya daño ambiental, eso podría darnos problemas”, dijo Espinoza.
De acuerdo con el texto sustitutivo que se presentó en noviembre pasado, el proyecto del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, propone penas de entre ocho a 15 años de cárcel a quien “perfore el poliducto, lo dañe, o instale cualquier tipo de dispositivo de extracción, para la sustracción ilegal de combustible”. La misma pena aplicaría para quien “se apodere ilegítimamente de combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos”.
Para el magistrado de la Sala IV y presidente de la Corte, Fernando Cruz, las penas propuestas son muy altas.
“Después de estar muchos años en lo penal, tengo mucha desconfianza en los castigos. Eso no significa que para lo más grave no deba haber un castigo. La visión de un Estado social debe ser diversa, tenemos que plantearnos qué bien jurídico estamos tutelando aquí como para poner una pena muy alta”, dijo Cruz.
El jerarca de la Corte dijo que para otras conductas se pueden buscar otros mecanismos administrativos para sancionar algunas conductas. El presidente de la Corte se refirió a quienes prestan instalaciones para almacenar combustible robado.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masís, reconoció que las penas son severas, pero afirma que los montos deben mantenerse tal como están.
“Quizás sí, un poco draconianas o disuasorias, pero se requiere que ese proyecto tenga un impacto en la sociedad”, dijo Masís.
Por su lado, la fiscal general Emilia Navas advirtió que se deben diferenciar las penas entre cada uno de los tipos penales.
“No se puede sancionar igual al que roba combustible, al que transporta y al que lo almacena en una bodega. Tiene que haber una diferencia, aunque las personas pertenezcan a una misma asociación criminal, tiene que haber una diferencia en los tipos penales”, dijo Navas.
El proyecto también fija penas de cinco a ocho años de prisión a quien se apodere o altere ilegítimamente del marcador de los combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos.
“El proyecto deja sin pena hacer el marcador o utilizar el marcador que también son acciones que se cometen en crimen organizado, no solo apoderarse”, comentó Navas. “El crimen organizado está creando marcadores o copiando, hay que ser rigurosos con los verbos, todos significan acciones diferentes”, agregó.